Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, Patricia de Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal y esposa de Daniel Ceballos y el abogado defensor de ambos presos políticos, Juan Carlos Gutiérrez explicaron que aunque la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas cautelares para proteger el derecho a la vida e integridad personal y la salud de López y Ceballos, la respuesta del gobierno fue una requisa violenta en sus celdas por parte de 13 funcionarios armados y encapuchados, en las que fueron despojados de sus pertenencias, ocasionando además destrozos a la infraestructura. NP
Gutiérrez explicó que estas requisas realizadas mientras López se encontraba en la audiencia de juicio, pueden dar pie a actos para desacreditar a los presos políticos, injustamente encarcelados. “Las requisas que se vienen haciendo, sin que Daniel o Leopoldo estén en su celda, pueden ser graves para la defensa ya que pueden incorporar o sembrar elementos irregulares. Si el interés es hacer requisas para mal ponerlos públicamente con procedimientos viciados e irregulares, serán denunciados y descalificados”, afirmó.
Además explicó que la incorporación del exmandatario español Felipe González a la defensa de López como consultor técnico es un derecho constitucional de todo enjuiciado, establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. “Se puede conformar un equipo de defensa en el que se nombra un máximo de tres abogados, un asistente no profesional y un consultor técnico. Ninguna autoridad puede limitar a que un individuo escoja los abogados para su defensa”, afirmó.
El abogado también resaltó que la declaración de “personan non grata” a Felipe González por parte de la Asamblea Nacional, representa un acto de naturaleza estrictamente político que demuestra la obstrucción e injerencia indebida al derecho a la defensa.
Patricia de Ceballos denunció que su esposo fue víctima de castigos y abusos como respuesta a los pronunciamientos de la comunidad internacional a favor de su liberación. “Cada vez que la comunidad internacional se pronuncia a favor hay violaciones y amedrentamientos. Nuestros esposos fueron víctimas de aislamiento durante 3 semanas y de una requisa violenta arremetida en su contra, les quitaron sus escritos y todas sus pertenencias”.
Respecto a la declaración ofrecida por el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora durante la audiencia de juicio, la alcaldesa explicó: “Vielma Mora asistió como testigo al juicio de mi esposo, pretendiendo acusarlo de haber hecho un llamado a la rebelión civil. Vielma Mora no solamente hace la labor de un testigo sino que se convierte en juez, fiscal y acusador, señalando a mi esposo de delincuente, terrorista y asesino. También denunció que había sido mi esposo quien había escrito a través de un teléfono que tiene en Ramo Verde unos mensajes dirigidos a él en su cuenta en Twitter. Le digo a Vielma Mora: ‘aquí está el teléfono de donde salieron los mensajes en Twitter de la cuenta de Daniel. Él me hizo llegar los mensajes a través de sus abogados y yo misma publiqué los mensajes en Twitter desde mi teléfono’. Este es el teléfono que usted mandó a buscar y que ocasionó la requisa violenta realizada el día de ayer”, aseguró.
Lilian Tintori destacó que las medidas cautelares de la CIDH demuestran la situación de vulnerabilidad de los presos políticos. “Leopoldo está preso pero también Venezuela lo está. Mi esposo denuncia la inseguridad, la inflación, la situación crítica de nuestro país. Así como lo dice él, la salida debe ser pacífica, constitucional y democrática. Por eso, no entendemos cómo el gobierno piensa mantener preso a Leopoldo si no tienen ni una prueba que lo culpe”, expresó.
También, resaltó que en la “Declaración de Panamá”, firmada por 31 expresidentes iberoamericanos, y los recientes pronunciamientos de los senados de Chile y Colombia, así como el Congreso de España reafirman el apoyo de la Comunidad Internacional para la liberación de los presos políticos. “Pensábamos que la región estaba dormida pero no. Recibimos el apoyo contundente de distintos líderes de la región, diversas fuerzas políticas de la oposición y gobierno, la sociedad civil de Panamá y Chile, que condenaron la violación de los derechos humanos en Venezuela. Aún nos queda trabajo por hacer”.
La activista por los derechos humanos anunció que la próxima semana se anunciará junto a distintos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática los próximos pasos de la lucha por la defensa de los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos.
