Un tribunal mexicano ordenó el lunes revocar una orden de prisión contra María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, vinculado a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque la mujer seguirá detenida por otro delito informó la fiscalía federal, reseña AFP.
Un tribunal con sede en Toluca, Estado de México (centro), “ordenó revocar el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, sólo para el efecto de reponer el procedimiento y (que) eventualmente emita” una nueva acusación, explicó esa fiscalía en un comunicado.
La esposa del alcalde es hermana de dos importantes capos fallecidos que pertenecieron al cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, organización con la que ella también ha sido relacionada.
La dependencia aclaró que la decisión del tribunal “en ningún momento implica la libertad de Pineda Villa”, detenida en un penal femenil de Nayarit (noroeste), bajo otro proceso por tráfico de drogas.
Pineda Villa y su esposo José Luis Abarca, exalcalde de Iguala (sur), fueron detenidos en noviembre en una casa abandonada de un populoso barrio de Ciudad de México donde se escondían tras huir de su ciudad, días después del brutal ataque contra los estudiantes ocurrido el 26 de septiembre.
El exalcalde está acusado, entre otros delitos, de ordenar a policías municipales atacar a los jóvenes.
Conocidos como ‘La pareja imperial’ de Iguala, Abarca y Pineda Villa, eran temidos por la dureza con la que ejercían el poder y la ostentación que hacían de bienes aparentemente forjados con un emporio joyero.
Un juez dictó formal prisión contra Pineda Villa en enero por delincuencia organizada y narcotráfico, pero no por la desaparición de los jóvenes.
De acuerdo con la versión oficial de la fiscalía, los estudiantes habrían sido entregados por los policías a integrantes del cartel de Guerreros Unidos para asesinarlos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
La fiscalía sostuvo que los delincuentes los incineraron en el aislado basurero municipal de Cocula, un poblado aledaño al municipio de Iguala, y arrojaron sus restos a un río.
Un prestigioso laboratorio de Austria pudo comprobar a través de pruebas de ADN que uno de los jóvenes efectivamente fue asesinado.
Los padres de los 43 estudiantes se niegan a aceptar las conclusiones de la fiscalía y mantienen sus protestas para exigir que continúe la búsqueda.