En el currículo de Katherine Haringhton, la nueva viceministra del Sistema de Investigación Penal, destacan 21 años de experiencia laboral en el Ministerio Público. Sin embargo, la selección que hizo el presidente Nicolás Maduro para sumarla a su Gabinete Ejecutivo poco tiene que ver con ello. Su paso se debió a la sanción que sobre ella impuso la Casa Blanca, acusada de violentar los derechos humanos desde su cargo como fiscal, publica La Verdad.
Haringhton, de 43 años de edad, ganó relevancia en los últimos años porque sobre sus manos recaen la mayoría de los casos contra dirigentes de oposición. Fue ella, en su calidad de Fiscal vigésimo con competencia nacional quien ordenó la investigación contra el alcalde metropolitano Antonio Ledezma; así como antes había hecho lo mismo contra la exdiputada María Corina Machado, el exgobernador Henrique Salas Römer y el abogado Gustavo Tarre.
La experiencia de la fiscal en casos políticos es larga. La abogada Tamara Sujú, integrante del Foro Penal, fue acusada por ella de traición a la patria y desestabilización; el coordinador de la ONG Sin Mordaza, Juan Rodrigo Diamante, fue responsabilizado de financiar guarimbas; y la hermana de la activista Rocío San Miguel, la doctora Ana María Abreu de San Miguel, fue responsabilizada de revelar secretos vinculados a la seguridad del Estado aprovechando su puesto en el servicio médico de la Presidencia de la República.
Debut mediático
La funcionaria, egresada de la Universidad Central de Venezuela como abogada en 1997, fue presentada públicamente por Maduro el pasado 9 de marzo, en un acto que convocó en Miraflores para respaldar a los siete sancionados por Estados Unidos. “No la conocía, primera vez que la veo. Por ser fiscal del Ministerio Público, por llevar casos delicados para la paz del país, donde están involucrados algunos de estos agentes del Gobierno de Estados Unidos que hacen vida en el país, ha sido amenazada. Y se ha pretendido sancionarla. Le doy todo mi apoyo y amor”, dijo el jefe de Estado.
Haringhton, quien también fue la que siguió la causa contra Yendry Sánchez, el joven que interrumpió la toma de posesión de Maduro en abril de 2013, fue calificada como “valiente” por la fiscal general Luisa Ortega Díaz tras conocer las sanciones en su contra. Sin embargo, su apoyo no logró darle la titularidad del cargo, que le correspondía por tiempo de antigüedad en ese despacho.
El abogado de Ledezma, Omar Estacio, pidió recientemente su inhibición del caso del alcalde metropolitano. Esto luego que conociera la acusación que en su contra hizo Joel García, defensor del fallecido Rodolfo González, preso político que se suicidó en una celda del Sebin: “Según dijo, la fiscal 20 le habría ofrecido al señor González beneficios procesales a cambio de inculpar falsamente al alcalde Antonio Ledezma. Estas circunstancias son realmente graves como para que el funcionario incurso en semejantes hechos sea recusado”.