El diputado del Consejo Legislativo del estado Aragua, Rodrigo Campos, informó que el control que mantiene el hampa en perímetros de la entidad, desembocando en la violencia que se presentó en Maracay durante las últimas horas, fue denunciada desde el año pasado aunque es ahora cuando los cuerpos de seguridad intentan contrarrestar la embestida de las organizaciones delictivas.
“En el parlamento regional, conjuntamente con los colegas José Ramón Arias y Elías Bermúdez, hemos solicitado que se declare la emergencia en la materia, incluyendo la eventual intervención de la Policía del estado Aragua, por su actitud ante el problema”, expresó el representante del partido Primero Justicia, informando que este jueves no se habían producido nuevos choques entre los uniformados y los antisociales y que prevalecía la calma en la urbe.
“No podemos creer cómo durante lo ocurrido en el barrio San Vicente apenas se hayan incautado dos pistolas – tal cual lo publicó el diario El Siglo -, luego del intenso tiroteo que se presentó en esa populosa área, mientras que hubo 300 detenciones y 800 verificaciones penales”, explicó Campos en torno al enfrentamiento que arrojó saldo oficial de 3 personas muertas. “Exigimos que se aclare lo de las armas de fuego, además de la confiscación de droga”.
El tribuno manifestó que incidencias tan graves como la acontecida en la ciudad jardín se verifican a lo largo y ancho de la geografía aragüeña, “desde Barbacoas, en el municipio Urdaneta, hasta Ocumare de la Costa”, dijo.
“No pueden pretender resolver las cosas en un solo día. Esto es producto de la ausencia de políticas públicas contundentes en torno al tema de la inseguridad. Inclusive, la dirigencia pesuvista local emprendió una campaña para que, por el contrario, se retirara la presencia de efectivos policiales argumentando que San Vicente era zona de paz. Hoy, pretenden atacar la controversia cuando la situación se les ha escapado de las manos, quedando las autoridades ridiculizadas por su desacierto”, enfatizó el diputado Rodrigo Campos.
Asimismo, dada la magnitud de los hechos – ante los cuales, por cierto, no son pocos los medios de comunicación que han establecido un “blackout” informativo-, el demandante urgió un pronunciamiento del propio ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. “Es necesario que se sepa si durante los enfrentamientos se presentaron funcionarios de la fiscalía y representantes legales que verificaran los aspectos relativos al debido proceso y a los derechos humanos, pues las autoridades no pueden intervenir así como así, sin excusa para eventuales desmanes”, señaló el vocero parlamentario de la tolda aurinegra.
Finalmente, para Rodrigo Campos, diputado del Consejo Legislativo de Aragua, episodios como el que ha estremecido a San Vicente, en Maracay, tienen visos de fenómenos como los que se viven en México o en las favelas de Brasil, donde los entes que manejan el poder administrativo no pueden ponerle coto a quienes se encuentran al margen de la ley. NP