Una extraordinaria resolución judicial venezolana prohibió la salida del país a veintidós directivos de tres medios de comunicación acusados de difamar al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y les impuso la obligación de presentarse una vez por semana ante el juzgado tramitador del caso.
Medidas cautelares como las descritas son perfectamente normales cuando guardan proporción con la gravedad y peligrosidad del delito investigado, pero no cuando se trata de faltas contra el honor.
Todavía menos fundamento existe para aplicar tan serias limitaciones a la libertad de personas cuya única relación con los hechos es su participación en la junta directiva de un medio de comunicación. La difamación es un delito doloso y solo puede ser sancionada la participación directa e intencionada en los hechos. Perseguir a los directivos tiene tanto sentido como acusar a los accionistas.
Las publicaciones venezolanas tan solo reivindicaron el derecho de los ciudadanos de ese país a saber cuanto se dice del presidente de la Asamblea Nacional en todo el orbe. La represión de esas publicaciones es un argumento a favor del silencio y de mantener a los venezolanos en la ignorancia sobre un tema ampliamente debatido en el mundo, pero no en el país donde más interesa.
Los venezolanos tienen derecho a formarse una opinión, restar credibilidad a las declaraciones o exigir una investigación más profunda, pero nadie debe arrogarse el derecho de mantenerlos en la ignorancia o de reprimir la discusión. En especial, no se le debe conceder ese derecho a Diosdado Cabello, un altísimo funcionario público cuya prominencia exigiría, en una sociedad democrática, amplia disposición al escrutinio de sus actuaciones.
Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica –donde nunca mediaron medidas cautelares en menoscabo de la libertad personal y tampoco hubo amenaza de cárcel, como corresponde en una nación democrática— acogió la doctrina del reportaje neutral a cuyo amparo es lícito reproducir información de terceros responsables. La Corte también asentó la obligación que pesa sobre los funcionarios públicos de tolerar el examen minucioso de sus actuaciones y un amplio margen de crítica.
La jurisprudencia parece escrita para el caso Cabello y, si el juez conoce el derecho, como reza el aforismo, la resolución contra los medios venezolanos debió tomarla en cuenta. Pero la legalidad en Venezuela está desde hace años en entredicho, como también la voluntad del gobierno de someterse a los parámetros del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
El propósito represivo de las medidas cautelares y del proceso judicial en cuyo marco fueron dictadas apenas admite duda, pero ya surgen, también, irregularidades procesales para añadir certeza a las sospechas. Después de admitida la demanda, los 22 querellados debían ser citados a comparecer para informarles de la acusación y escuchar sus versiones, so pena de violar el debido proceso. El juzgado omitió ese trámite y dictó medidas cautelares a espaldas de los imputados.
Uno de ellos se dedicó a seguir el progreso del expediente, alertado por el anuncio de la demanda hecho por el propio Cabello, pero se le negó acceso a los documentos argumentando la necesidad de que el querellante ratificara la denuncia. La ratificación se produjo el 28 de abril, según consta en el expediente, pero el imputado no logró acceso a los documentos cuando los solicitó a la jueza el 29 de abril y tampoco el 4 de mayo. “Eso es así y punto”, le dijeron para sofocar la insistencia.
Pocos medios independientes subsisten en Venezuela. Están bajo constante acoso, mientras la amplísima red de medios oficialistas –periódicos, televisoras y estaciones de radio, entre otros—defiende y ataca, siempre en línea con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Es la lucha del tigre suelto contra el burro amarrado y los valientes periodistas venezolanos merecen reconocimiento por su disposición a librarla.
Original en el diario La Nación (Costa Rica)