Políticos, diarios y asociaciones de editores del continente americano calificaron este jueves como un atentado contra la libertad de expresión las medidas cautelares aplicadas a 22 responsables de medios y periodistas venezolanos demandados por el presidente de la Asamblea Nacional de su país, Diosdado Cabello.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue este miércoles la primera en condenar la prohibición de salida del país dictada el día anterior por la jueza María Eugenia Núñez a los directivos, accionistas y periodistas de El Nacional, La Patilla y Tal Cual.
Hoy se sumó al rechazo, entre otros, el expresidente colombiano y exsecretario general de la OEA César Gaviria con una dura carta abierta en la que va más allá del tema de la demanda de Cabello.
En su mensaje Gaviria señala que por haber estado al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se había abstenido hasta ahora de pronunciarse sobre la situación en Venezuela, pero cambió su postura porque “se está poniendo en grave peligro la libertad de prensa y expresión y el respeto por los derechos humanos”.
Las medidas cautelares adoptadas por Nuñez responden a la demanda por difamación interpuesta en abril pasado por Cabello contra los medios que reprodujeron una información del diario español ABC en la que se decía que era investigado en EE.UU, por vinculaciones con el narcotráfico.
La información de ABC se apoyó en declaraciones de Leamsy Salazar, antiguo jefe del grupo de seguridad de Cabello, huido a EE.UU.
Para Gaviria, la orden de la jueza constituye “un grave atentado” contra la libertad de prensa y de expresión, “componente fundamental de la democracia y de la Carta Democrática Interamericana”.
Pero, además, la “detención de dirigentes de la oposición y atribuirles responsabilidades penales por las consecuencias de las propuestas y protestas estudiantiles en nada contribuye a encontrar salidas institucionales y democráticas”.
Otro expresidente, el boliviano Jorge Quiroga, afirmó hoy que la prohibición de salida del país que pesa para los 22 periodistas es un “ataque abominable” contra la libertad de expresión.
Quiroga declaró a Efe que esa resolución judicial está en la línea de otras acciones tomadas en Venezuela como la no renovación de licencias para algunos medios, la compra de otros a través de intermediarios afines al Gobierno venezolano y la falta de provisión de papel para los diarios.
Quiroga agregó que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar respuestas económicas a su población y “lo único que hace con algo de eficiencia es la represión y la intimidación” que se hace “sistemáticamente” contra la oposición y los medios.
En un editorial publicado hoy, el diario costarricense La Nación, acusó a Maduro de querer mantener a la población venezolana en la ignorancia sobre “un tema ampliamente debatido en el mundo”.
La Nación, que considera que medidas cautelares de este tipo no se deben aplicar cuando se trata de faltas contra el honor, agrega que “los venezolanos tienen derecho a formarse una opinión, restar credibilidad a las declaraciones o exigir una investigación más profunda, pero nadie debe arrogarse el derecho de mantenerlos en la ignorancia o de reprimir la discusión”.
El diario afirmó que un altísimo funcionario público como Cabello debe, en una sociedad democrática, tener “amplia disposición al escrutinio de sus actuaciones”.
El editorial recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) “acogió la doctrina del reportaje neutral a cuyo amparo es lícito reproducir información de terceros responsables” y también “asentó la obligación que pesa sobre los funcionarios públicos de tolerar el examen minucioso de sus actuaciones y un amplio margen de crítica”.
“Pero la legalidad en Venezuela está desde hace años en entredicho, como también la voluntad del Gobierno de someterse a los parámetros del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, apuntó el medio costarricense.
La Nación alega que los pocos medios independientes que subsisten en Venezuela están “bajo constante acoso” y concluye con la afirmación de que ese país caribeño es escenario de “la lucha del tigre suelto contra el burro amarrado”.
“Los valientes periodistas venezolanos merecen reconocimiento por su disposición a librarla”, señala.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Diarios de Brasil, Ricardo Pedreira, consideró que el Gobierno de Nicolás Maduro, al que tachó de “oscurantista”, “está llegando ahora a un punto extremo, como es impedir el derecho de ir y venir libremente”.
“Es muy lamentable lo que está sucediendo en Venezuela”, que “es otro paso en una escalada de cercenamiento de la libertad de prensa que ya tiene varios años”, dijo Pedreira a Efe.
Frente a ese hecho, subrayó que la Asociación Nacional de Diarios de Brasil “protesta y lamenta que Venezuela está siguiendo por ese camino totalmente contrario a las libertades”.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró este miércoles que la prohibición de salida del país “muestra, una vez más, cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político”.
En ese contexto, aseguró Mohme, “no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debería haber citado primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular”.
Uno de los afectados por las medidas cautelares, el presidente editor del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó hoy que el Gobierno de Maduro busca “la hegemonía comunicacional” y “la desaparición del periodismo independiente”.
Otro de los afectados es el director del semanario “Tal Cual”, Teodoro Petkoff, reciente ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría de Trayectoria Profesional, y otro el director del diario digital “La Patilla”, Alberto Ravell. EFE