La medida judicial que prohíbe la salida del país a los editores de tres medios de comunicación venezolanos tras una demanda por difamación del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, pone de nuevo en relieve el debate de la libertad de prensa en el país.
La decisión, conocida el pasado martes, afecta a una veintena de directivos de medios, entre ellos el presidente-editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero; el director del semanario Tal Cual, Teodoro Petkoff, y el director del portal La Patilla, Alberto Ravell.
La demanda de Cabello, hecha hace casi un mes, está motivada por la reproducción de una información publicada el pasado 27 de enero por el diario español ABC, según la que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) estaría siendo investigado por una fiscalía de Nueva York por sus supuestos lazos con el Cartel de los Soles.
Con una demanda civil y otra penal, Cabello solicitó no solo la prohibición de salida del país de los propietarios y directores de estos tres medios, sino también “la prohibición de gravar (hipotecar), enajenar, y vender”.
“Yo me siento agraviado. Ninguno de ellos ha pedido disculpas y ahora el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba”, dijo el presidente de la AN a través de la televisión estatal VTV luego de que se conoció la medida.
El editor-presidente de El Nacional, que se encuentra actualmente en Miami, consideró la prohibición de salida del país como una medida del Gobierno de Nicolás Maduro que busca “la hegemonía comunicacional” y “la desaparición del periodismo independiente”.
“A mí me pueden meter preso, pero el diario seguirá saliendo. El Nacional no va a cambiar su línea editorial. No lo van a callar con estas amenazas. Están muy equivocados. Todos son periodistas comprometidos y tienen fuerza para mantener el periódico”, aseguró Otero en una entrevista publicada hoy en las páginas del rotativo que dirige.
A Petkoff, recientemente reconocido con el premio de periodismo Ortega y Gasset 2015, la medida no le sorprendió porque ya tenía prohibición de salida del país a raíz de una demanda por difamación presentada también por Cabello, y que le impidió incluso desplazarse a Madrid a recibir el galardón .
“Esto no es una novedad pues digamos que ya estoy hecho a esto, hace rato que no puedo salir del país pero, por supuesto que es una arbitrariedad inconcebible, una restricción a una garantía constitucional, pero en fin, así estamos viviendo en este país”, dijo a Efe el periodista.
El también exguerrillero y excandidato presidencial sostuvo que no hay delito en la reproducción de información, y “ni siquiera la publicación inicial es delito, simplemente es el ejercicio de la libertad de expresión por parte de ABC”, dijo Petkoff, que calificó la sanción como “arbitraria”.
Por su parte, en una entrevista con el canal estadounidense CNN en español, Ravell aseguró que esta medida es “una persecución política”, “un terrorismo judicial” que intenta “estrangular a los pocos medios independientes que existen en Venezuela”.
El directivo del portal afirmó que esta es “una venganza del señor Cabello” contra los directores de medios que durante los últimos años no han sido “sus mejores amigos” y que la medida es una forma de “mantenerles como rehenes en Venezuela”.
“Él (Cabello) ha jurado que quiere ver a Miguel Henrique, a Teodoro Petkoff y a mí tras las rejas”, aseguró.
Organizaciones no gubernamentales y del gremio de la prensa rechazaron también la medida contra los editores, y lamentaron que sanciones como estas puedan constituir una “coacción a la libertad de prensa”.
El Colegio de Periodistas de Venezuela (CNP) expresó en un comunicado una “profunda preocupación (…) al constatar una vez más cómo se pretende acorralar de manera feroz a los medios críticos en el país”.
El CNP argumentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reivindicó en 2004 la doctrina del reporte fiel, “según la cual no incurre en delito el que reproduce la información de terceros”.
“Nos negamos a creer que a partir de este incidente algunas figuras destacadas del alto gobierno puedan resultar innombrables en los medios de comunicación, a objeto de evitar sanciones similares, lo que constituye una clara coacción a la libertad de prensa”, señala la comunicación.
La ONG venezolana Espacio Público, defensora de derechos humanos y libertad de prensa, rechazó la medida que, dijo a través de un comunicado, “procura castigar y amedrentar a los medios críticos y reduce la información disponible para todas las personas”.
De acuerdo a la ONG, el Poder Judicial venezolano “ha mantenido una política de hostigamiento en contra de medios de comunicación y personas críticas al Gobierno nacional”. EFE