El sistema pretende mediante una campaña publicitaria bien diseñada por agencias privadas, hacer ver que la escasez de bienes básicos forma parte de una “guerra económica” orquestada por sectores empresariales y ejecutada mediante la organización de colas para demostrar la ansiedad ciudadana, lo cual ha obligado la necesaria implantación de las captahuellas y la venta racionada de productos de acuerdo con el terminal de la cédula de identidad.
La campaña insiste en la especulación, el acaparamiento y el contrabando como elementos capaces de producir unos niveles de escasez que han perturbado la mente de las amas de casas, de las madres con hijos pequeños y de familias con enfermos crónicos.
El publicitado sistema biométrico, refiriéndose a las máquinas captahuellas, incluso a través de presiones y amenazas, o de encarcelar a empresarios y ejecutivos del sector productivo ha logrado que cadenas de supermercados y de farmacias, hayan mostrado su disposición a acogerse al plan en aras de un supuesto “bienestar de la comunidad”. Pero mientras este se ejecuta han creado un verdadero sistema de racionamiento con la venta uitlizando el terminal de las cédulas de identidad.
Sin embargo la campaña oficial no se compadece con la realidad. Ni los empresarios, ni los consumidores, ni siquiera los llamados bachaqueros son responsables por la escasez. Esta es inherente al socialismo en cualquier parte del mundo donde se haya impuesto: la Unión Soviética de Stalin, la China Popular de Mao o la Cuba de los Castro. Qué repasen la historia los ñángaras criollos para que comprueben lo que afirmamos.
Ahora bien, el mecanismo de racionamiento impuesto es tan perverso que sí un cliente está en el comercio o farmacia al momento que llega un bien, de los que el socialismo define como básico, pero su terminal de cédula no coincide con el establecido por los burócratas, los empleados del establecimiento le impiden adquirirlo. Y por supuesto cuando va a buscarlo el día que le correspondería ya el producto desapareció de los anaqueles. Tremendo atropello contra el consumidor perpetrado por los burócratas tanto gubernamentales como privados. Y no me vengan estos últimos a justificarse diciendo que no tienen opciones.
Opciones sí hay. Los gremios, sectores y empresas deben hacer sentir su repulsa. Los ciudadanos organizados en consejos comunales, asociaciones de vecinos y juntas parroquiales tienen el derecho de rechazar los mecanismos de racionamiento y de exigir que los bienes les sean despachados. Los alcaldes y concejales que son las autoridades más cercanas a aquellos deben asumir su papel de conductores y guías de la vocería nacional. Todos en defensa del derecho de los consumidores.
No podemos seguir aceptando arbitrariedades vengan de donde vengan. El país nacional debe hacerse sentir forzando a la burocracia a ponerle remedio efectivo a la escasez y el racionamiento. Venezuela se electrificó e industrializó, se urbanizó, se educó, acabó con las enfermedades endémicas y creó una clase media y de profesionales pujantes con un petróleo cuyo precio fluctuó alrededor de los $3.00 el barril por 50 años, la inflación nunca alcanzó dos dígitos y los abastos y bodegas estaban bien abastecidos. El socialismo del siglo XXI nos quiere vender la idea que el barril de petróleo tiene que estar por encima de $100,00. Otra patraña más. ¡Basta ya de tanta patraña!
Juan Antonio Muller
Juaamilq249@cantv.net