La grave situación social, económica y política que atraviesa Venezuela, sigue generando gestos de solidaridad. En esta oportunidad se suma la reciente exigencia hecha por la mujeres que forman parte de la Unión de Partidos Latinoamericanos quienes exigen se respeten los derechos humanos de quienes disienten del Gobierno de Nicolás Maduro. También piden el cese la persecución contra dirigentes opositores como Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, María Corina Machado y contra gran cantidad de estudiantes que han alzado su voz de protesta.
A continuación el texto emitido por esta organización, fechado en la ciudad de Buenos Aires:
DECLARACION DE LAS MUJERES DE LOS PARTIDOS MIEMBROS DE LA UNION DE PARTIDOS LATINOAMERICANOS FRENTE A LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN VENEZUELA.
Las mujeres de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, reunidas en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, con ocasión de su encuentro anual, teniendo presente la situación que vive Venezuela, de vulneración de las libertades que son inherentes al sistema democrático, manifestaron su profunda preocupación frente a esta realidad en los siguientes términos:
1.- Exhortamos al gobierno venezolano a respetar el derecho ciudadano a expresar públicamente, sin
2.- Exhortamos a las autoridades venezolanas a que busquen mecanismos para
3.- Exhortamos al presidente Nicolás Maduro a garantizar el derecho de los ciudadanos venezolanos a estar informados y a que no se utilice la vía judicial como mecanismo de persecución al libre ejercicio del periodismo. En este sentido, consideramos fundamental que los medios de comunicación en el país tengan derecho a las divisas necesarias que les permitan adquirir el papel y los insumos que requieren. Además, creemos que carecen de toda justicia las prohibiciones de salida del país que recaen sobre periodistas o directores de medios con el propósito de intimidarlos.
Finalmente manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia venezolana que sufre los embates del clima de violencia civil que se vive en el país, que ha arrebatado la vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres, así como de funcionarios policiales, todos víctimas de la incapacidad gubernamental para garantizar su derecho a la vida.