El imperio de la ley, el Estado de Derecho, somete al Estado a un conjunto cierto de reglas que limita el alcance de su poder coercitivo; es decir, individuos y bienes están protegidos de acciones arbitrarias del Estado, así como de terceros. Por lo tanto, podrán planificar sus actividades económicas dentro del dominio acordado en las reglas de juego, del Estado de Derecho. Bajo esas condiciones, las libertades económicas y políticas operan en el sentido de permitir a los individuos maximizar su función de utilidad, es el fundamento más importante para crear riqueza y alcanzar el “desarrollo”.
Desarrollemos algunos detalles. Nos referimos al respeto a la propiedad privada, la cual, sin reglas de mercado ni espontaneidad en formación de precios, los derechos de propiedad son puestos bajo riesgo por una política fiscal insostenible en el largo plazo, tanto en términos precisos de solvencia fiscal, como en su contraparte monetaria -y financiera- por el incremento insostenible en circulación del “dinero confianza” –bolívares en nuestro caso- emitido por el gobierno sin contraparte de valor transable, pero a todo evento, un pasivo del gobierno o Banco Central bajo la ocurrencia de una masiva impresión monetaria -dinero base o dinero de alta potencia inflacionaria.
A partir de acá, no hay dudas que la hiperinflación es un fenómeno monetario, político en esencia. No existe eso de inflación salarial, de costos, de zanahorias, los precios de los bienes crecen precisamente por la inflación, la lógica causal es esencial comprenderla. Ese proceso –masivo- sin regla alguna de emisión de moneda local se ejecuta bajo un marco de irresponsabilidad fiscal, y corre detrás de una fallida política fiscal, cuyo colapso se produce esencialmente por dos razones; a saber, por expansión insolvente del gasto público y la otra, por caída sostenida del ingreses fiscal, o en el más corriente de los casos, una combinación de ambos fenómenos.
Todo ello bajo el marco de un proceso político dirigido a la estatización de los activos rentables en propiedad privada, confiscación de un esos activos –dinero valor– bajo el derrumbe del marco jurídico que ya no protegen los derechos de propiedad sobre esos activos – del lado del consumidor e inversionista– puestos en el mercado, como pasivo –dinero base– por parte del gobierno, Banco Central o Ministerio Finanzas.
Todo ello bajo el complejo dominio de ese proceso político mencionado de naturaleza fiscal y monetaria, de esta última, destacamos que la demanda de dinero del gobierno es por saldos monetarios nominales, de dinero impreso por razones fiscales, la mano monetaria que lava la mano fiscal, dejando atrás un colosal desequilibrio monetario causada por explosión del circulante emitido para que el gobierno pague –inflacionariamente – el gasto público. En otras palabras el derrumbe del marco jurídico que proteja la propiedad privada sobre el dinero por ser un activo no precarizado
Este fenómeno impondría en el mediano plazo un severo peso fiscal que haría insostenible la política fiscal, eso lo escribimos por acá y lo expresamos en los medios en su oportunidad, por ello no hay sorpresas en la comprensión que la estampida hiperinflacionaria llegaría empujada por ese proceso de estatización, nacionalización, al ser trasferido al presupuesto del Estado, el marco económico, político y social de un intenso empobrecimiento.
En cualquier caso la suma de esos dos procesos llegó a postrar la solvencia financiera –económica- del Estado/Gobierno causando el colapso de los indicadores de riesgo que explican la caída de la capacidad de generar liquidez internacional, por caída de la producción de petróleo y descapitalización de la industria petrolera, lo cual al impactar el ingreso fiscal coloca los mecanismos de impresión del Banco Central a disposición del gobierno para el pago de las obligaciones fiscales internas, distorsionadas por la presencia de un control de cambio que rija por la fuerza del acto político el mercado de la moneda de reserva, dólares. Estamos hacia finales del 2012, donde la explosión del dólar paralelo, fue el heraldo que Venezuela entraba en área de inflación extrema.
La expresión monetaria financiera y económica de ese complejo proceso de gestión político económica por violación de reglas básicas de funcionamiento de un Estado de Derecho Económico que no defiende los derechos de propiedad privada, como regla de juego básica, en su forma más sencilla, confiscación via impuesto inflacionario del dinero como activo, decretando su precariedad económica. Lo que era visible en el mercado, es una caída sin retorno, razones causales de los dos déficits gemelos, el fiscal (déficit) y de balanza de pagos (sin liquidez internacional) en caída sostenida de reservas internacionales y en conjunto una violenta depreciación (devaluación) del bolívar que indica la presencia de una especie de Armagedón fiscal que impacta y viole ostensiblemente el poder adquisitivo de la moneda de uso local para pagos. El gobierno pensó que sus devaluaciones disfrazadas no tendría el impacto en los precios, una visión naive de la inflación, ignorando que esta es esencialmente monetaria, es decir, política.
Hay que acotar que parte del deterioro institucional que produce el colapso de la propiedad privada y en dinero, un activo, que el gobierno emite bajo el conocimiento de un masivo default interno, bajo un régimen de represión financiera, dependiendo del dinero de alto poder imprimido por el gobierno o BCV para alimentar los flujos del impuesto inflacionario para al pago de los pasivos fiscales en bolívares. El colapso institucional sigue con la destrucción del régimen de funcionamiento de un Banco Central obligado por reglas económicas y monetarias -y expresadas en su ley- precisamente por ser el dinero por el emitido un valor de confianza- de una normativa dirigida a crear el ambiente económico e institucional controlable para sostener el valor o precio de mercado de la moneda sobre cual tiene la obligación constitucional de emitir. La regla de impresión –no inflacionaria- exige al BCV la administración de la política monetaria dirigida a sostener el valor real del bolívar que emite. Ocurriría exactamente y masivamente lo contrario.
El desastre institucional alcanza los extremos de no publicar los índices de precios, además de los masajes a la data de precios, que el Estado está en obligación de producir. La combinación de ambos fenómenos administrativos se expresan en desconfianza en las institución que imprime la moneda y que voltea la demanda hacia la moneda que le sirve de reserva, el dólar, pero esta vez adquirido libremente en el mercado paralelo, El concepto reservas acá lo usamos igualmente como el valor real –respaldo- de los saldos monetarios nominales/reales emitidos por el Gobierno/Banco Central, y utilizados como contraparte para la emisión de la moneda local, un paso más allá del señoreaje, o si se prefiere llevar el extremo el señoreaje con el propósito de obtener por esa via el dinero local –bolívares- que no recibe por venta de valuta al Banco Central de parte de PDVSA al administrador de las reservas internacionales, el BCV. .
Al final, ese complejo proceso de generar hiperinflación, es comprensible, como todo lo que ocurre con la economía al impedirse el funcionamiento del Estado de Derecho, el único mercado libre, el del dólar paralelo, en nuestro caso, se depreciara velozmente recogiendo en la sombra el impacto sobre los precios que causa la masiva monetización del déficit fiscal. Aplicando de manera directa la teoría económica del mecanismo de paridad de poder de compra nos permite, bajo el insoslayable método socrático, su mayéutica, que la hiperinflación al no poder ser medida por el gobierno, por razones políticas y administrativas por el violadas, al no producir los indicadores de precios, y al masajeo de la data, -maquillaje- dirigida a burlar al ciudadano de las causas de soberbia irresponsabilidad en emitir un dinero que es por sí y el mismo derruido en una vorágine hiperinflacionaria.
En esas condiciones, solo resta el dólar -mal llamado negro-, como el proxy de la hiperinflación. Sin embargo, asesores y adláteres del gobierno, en el mercado de la opinión pública especializada se han esforzado en coincidir con el Presidente de la Republica y el Presidente del BCV en que el proceso inflacionario se mantiene en el marco sustentable de la inflación y no de la hiperinflación. EN otras palabras, es mejor una inflación que una hiperinflación, mal de muchos, consuelo de tontos. Así dándole al dólar paralelo la analogía de un precio de sombra, el dólar paralelo representaría el precio del dólar, una vez eliminada la restricción del mercado cambiario; es decir, un típico problema de maximización, nadie vende por el dólar SIMADI, si puede en la “sombra” venderlo por el paralelo.
Matemáticamente es más complejo, pude ser un simple problema de programación lineal, y en típico problema de maximización, con una restricción –control de cambio- el precio de sombra equivaldría al precio de esa restricción, en otras palabras en precio en el marco de un entorno hiperinflacionario no lo define el precio fijo y justo, tampoco el SIMADI sino el dólar paralelo, y esta velocidad hiperinflacionaria la que destruye el poder de compra del bolívar. Acotemos finalmente que la inflación es un continuo y perverso proceso de pérdida del poder adquisitivo de la moneda, del bolívar.
“… Nosotros también debemos poner en nuestra ciencia una orden y la disciplina estricta, que todavía estamos lejos de tener … por una terminología desordenada y ambigua nos lleva a los errores más palpables y malentendidos – todos estas fallas son de ocurrencia tan frecuentes en nuestra ciencia que casi parecen ser característicos de su estilo “. – Von Böhm-Bawerk (1891: 382-83)