El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) denunció hoy en la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, que la inhabilitación de opositores en el país caribeño es “una política de Estado” de cara a las elecciones parlamentarias previstas para finales de este año.
La Contraloría General de la República (CGR) venezolana “comete un fraude procesal al pretender estar inhabilitando a dirigentes opositores en Venezuela”, dijo a periodistas el secretario de política internacional del UNT, Timoteo Zambrano, a su salida de la sede de la OEA en Caracas tras un encuentro con el representante del organismo en el país, Miguel Ángel Trinidad.
Zambrano, junto a otros dirigentes de la agrupación política, expusieron al representante diplomático la “política de Estado que tiene el gobierno de inhabilitaciones exprés por la vía administrativa”.
La denuncia de UNT en la OEA se hace luego de que la CGR anunciara la inhabilitación política del líder de UNT, Manuel Rosales, por un periodo de 7 años, lo que le impide aspirar a cualquier cargo público.
“La inhabilitación contra Manuel Rosales en un momento en el que su partido, nuestro partido, ha venido planteando que (su candidatura) encabece al estado Zulia como diputado principal fue la respuesta del Gobierno, una inhabilitación política fraudulenta”, dijo Zambrano.
La denuncia de UNT fue realizada en el marco de una marcha en la que participaron decenas de partidarios y a la que se sumaron representantes del partido fundado por Leopoldo López, hoy preso, Voluntad Popular (VP), varios de ellos en silla de ruedas producto de una huelga de hambre promovida por el opositor encarcelado.
El coordinador adjunto de VP, Freddy Guevara, se solidarizó con los dirigentes de UNT, que, dijo, son “víctimas de la opresión (…) simplemente por representar una amenaza para el Gobierno”.
Los opositores pidieron además la mediación de la OEA para el cumplimiento de un petitorio hecho por López hace más de tres semanas y por el que comenzó una huelga de hambre que hoy cumple 24 días.
El petitorio demanda la liberación de políticos que han sido encarcelados acusados de delitos relacionados a la instigación a la violencia y la conspiración, pero que la oposición considera “presos políticos”, pide además que se fije unas elecciones para las elecciones parlamentarias y el cese de “la censura” contra los medios de comunicación.
EFE