El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elaborado un extenso informe sobre terrorismo a nivel mundial en el que incluye a Venezuela dentro de un listado de países que califica como “paraísos seguros terroristas”.Reseñó La Razón
La Administración Obama se refiere expresamente al caso del histórico etarra José Ignacio De Juana Chaos, residente desde hace años en ese país caribeño pese a estar reclamado por la Justicia española. “José Ignacio De Juana Chaos, un terrorista de ETA a quien las autoridades perdieron la pista en 2008 después de que fue condenado a 3.000 años de cárcel en España por los asesinatos de 25 personas, según los informes, resurgió en Venezuela después de ser avistado en un centro comercial de Caracas en mayo, según informes de prensa”, dice este estudio. Añade que en junio “Maduro dijo que el gobierno venezolano no tenía suficiente información para corroborar esos informes”.
Este informe recogido por Europa Press hace alusión a los movimientos terroristas durante el año 2014 por lo que no incluye la última información conocida en torno a De Juana Chaos, que situaba al terrorista regentando una licorería en la localidad venezolana de Chichiriviche. Precisamente este jueves el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco instó al Gobierno a reclamar la extradición del terrorista tras tener constancia de que fue “avistado” el 21 de marzo en esa licorería.
Este viernes el Ejecutivo, por medio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado su “total colaboración” con la Justicia en este asunto. “Tiene la obligación de presentarse ante la Audiencia Nacional para responder por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Vamos a impulsar todas las acciones para que las autoridades Venezuela den cumplimiento de lo que dictan los jueces españoles”, ha dicho la ‘números dos’ del Gobierno.
El estudio también recuerda que “la porosa frontera de Venezuela con Colombia se ha convertido en un atractivo para las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que lo utilizan para cruzar dentro y fuera de su territorio”. Venezuela figura en este listado junto a otros países como Colombia, Yemen, Pakistán, Afganistán, Libia, Somalia o Líbano, entre otros.
También hay una alusión a Cuba dentro de otro apartado titulado “estados patrocinadores del terrorismo general” donde se apunta que permite que “dos docenas” de miembros de ETA permanezcan en el país. No obstante, EEUU dice que “el gobierno cubano proporcionó garantías de que nunca permitiría que los miembros de ETA residentes en Cuba utilizaran el territorio cubano para las actividades de esa organización contra España o cualquier otro país”.
En ese sentido concluye que “no hay información disponible de que el Gobierno de Cuba permitiese a ninguno de estos miembros de ETA planificar o cometer actos de terrorismo internacional durante su residencia en Cuba”.
El Departamento de Estado dedica un apartado específico a ETA sobre la que cifra en “menos de 20” los miembros de la banda que “no han sido capturados por las autoridades” mientras que “hay aproximadamente 455 miembros de ETA encarcelados en España y Francia, uno está encarcelado en Alemania y otra en Portugal”.
Sobre los últimos años de la banda dice que “en 2010, cuando Batasuna trató de mantenerse en las actividades políticas, las divisiones en ETA se hicieron evidentes” y añade que “para octubre de 2011, después de que ETA estuviese debilitada militarmente y políticamente aislada, anunció un ‘cese definitivo de la actividad armada'”.
“Teniendo en cuenta que el grupo ha hecho y roto varios altos el fuego en el pasado, Madrid rechazó este anuncio y exigió que ETA se desarmase y se disolviese”, prosigue en su relato el documento, que recuerda que ETA “aún ha de disolverse formalmente o renunciar a su arsenal de armas”.
También sobre sus fuentes de financiación, Estados Unidos dice que “probablemente ha experimentando escasez” dado que el grupo anunció públicamente en septiembre de 2011 que había dejado de recolectar “impuestos revolucionarios” de las empresas vascas. “Este programa de extorsión fue una importante fuente de ingresos de ETA”, indica.
En cuanto a España, el informe destaca que es “un socio activo” de los Estados Unidos en los esfuerzos contra el terrorismo internacional y destaca la cooperación con Argelia, Malí y Mauritania para combatir y contener la amenaza que representa Al Qaeda y sus grupos afines. También recoge su incorporación a la Coalición Global para contrarrestar el Estado Islámico en Irak y el Levante (Isil) desde su creación y su apoyo en Irak, donde España va a liderar el centro de formación Besmayah, al sur de Bagdad.
Asimismo recuerda que “España está trabajando activamente para mejorar su marco jurídico para combatir con mayor eficacia el movimiento de combatientes terroristas extranjeros de España a las zonas de conflicto y mejorar la persecución de sospechosos de terrorismo sin afiliación clara a una organización criminal (lobos solitarios)”. Estas iniciativas fueron recogidas en el pacto antiyihadista alcanzado entre el Gobierno y el PSOE plasmado en la reforma del Código Penal.
El Departamento de Estado de EE.UU destaca también la colaboración entre las fuerzas de seguridad de España y Marruecos que ha permitido diversas operaciones conjuntas para la desarticulación de células yihadistas.
El estudio no obvia la situación económica y asegura que “España cita los efectos persistentes de la crisis como un impedimento para una mayor cooperación regional e internacional antiterrorista”. “Se hacen todos los esfuerzos para no reducir la capacidad operativa, según el Ministerio del Interior, pero las limitaciones de recursos reducen la capacidad de España para participar en los ejercicios de entrenamiento internacionales”, añade el texto.
“España cree que la UE debería complementar el país en términos de lucha contra el terrorismo y las cuestiones fronterizas especialmente teniendo en cuenta la singularidad de enclaves norteafricanos de España que forman la frontera sur de la UE”, zanja.