Ochocientos (800) dictadores es una cifra corta en relación con los miles de autócratas que han aplastado a la raza humana. Entre el título de mi artículo debí escribir una coma, apuntando a algo como: «Son ochocientos (800), dictadores»; como si tratara de hablarle a ellos, aunque estén vivos y gobernando, quizás en una cárcel pagando por sus crímenes o exiliados disfrutando los millones de millones que robaron. Sin embargo, no es un error ortográfico, mucho menos una equívoca pifia de los editores de este medio; lo hice a propósito, porque la lección histórica que quiero mostrarles no produjo ningún efecto en estos personajes.
El pasado 15 de junio se cumplieron 800 años de la escritura y firma de la Carta Magna o, como algunos académicos prefieren llamarla, la Magna Charta Libertatum. El Duque de Cambridge conmemoró la semana pasada este instrumento legal y político en una exhibición de arte que se realizó en el Magna Carta Memorial en Runnymede, donde en aquél tiempo se dieron las batallas que terminaron en la firma y posterior sanción por el rey Juan I. Probablemente el nombre de ésta les suene familiar. En tiempos contemporáneos, lo utilizamos para designar a nuestra propia Constitución o las constituciones en general. No es casual, hace 800 años la Carta Magna fue un hito en la restricción del poder monárquico; ha servido como inspiración a todas las declaraciones y manifiestos de libertades civiles que hoy conocemos, tales como la Constitución de los Estados Unidos de América, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano -en la Revolución Francesa- y, más recientemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Las particularidades del Great Chapter como fue originalmente traducida del latín, muestran un freno a los caprichos, lujos y escándalos que caracterizaban al rey en el año 1215.
Un grupo de barones con armaduras pomposas y espadas en mano emboscaron a los representantes del rey Juan I para presionar las concesiones que desde mayo habían puesto sobre la mesa. El año anterior, la Corona se había visto desprestigiada por la derrota militar contra Francia y, frente al despilfarro de las arcas de Inglaterra, los nobles estaban descontentos con las decisiones que se estaban tomando. Al desatarse una guerra civil liderada por los barones, éstos cantaron victoria cuando finalmente el rey firmó la Carta Magna.
El documento original, sellado con las insignias del mismísimo Juan I, contenía 63 artículos que regulaban aspectos como los tributos, el crimen, la administración pública y los abusos del monarca contra costumbres feudales. Las cláusulas incluían prerrogativas y concesiones a grupos específicos de la población como los dueños de tierras, la Iglesia, los judíos y los comerciantes extranjeros. Además, pasó a regularse la conducta de miembros de la estructura monárquica, como los famosos bailiffs (alguaciles), jefes de policía y guardias. Los historiadores han apuntado, sin alejarse de lo que pasó, que se trataba de reconocer los privilegios de la clase alta; la revuelta constituía una proclamación de mayores concesiones para los nobles de la época, y el documento sencillamente vino a darles mayor legitimidad a sus exigencias.
Las disciplinas académicas que han estudiado este documento señalan que se trató de una estrategia para redistribuir el poder, con poca duración. Uno de sus más grandes estudiosos, J.C. Holt, señala que «en algunas situaciones, la Magna Carta significó la ley en sí misma, en otras, lo que sus promotores querían que fuese la ley y, en otras, lo que pretendían que era la ley». Su versión original tuvo una vigencia prácticamente insignificante: Juan I aprovechó en pocas semanas para renunciar a ella y declaró la guerra una vez más a los barones que la habían defendido.
No ocurrió sino hasta el fallecimiento del rey que se volvió a considerar el contenido de la Carta Magna. Su hijo -Enrique III- le dio mayor peso en las relaciones con los nobles, como una muestra «de que no se gobernaría de forma arbitraria como ocurrió con la Corona que lo antecedió». Sería muy fácil tomar superficialmente lo que significó la Carta Magna para la distribución del poder de aquél momento: el intento de un estamento privilegiado de mantener o, en todo caso, extender sus concesiones, en detrimento de las condiciones y calidad de vida de la mayoría de los ingleses. Verlo de esta forma significaría una interpretación errada del proceso socioeconómico que ha atravesado Inglaterra a lo largo de su historia. El legado del episodio que conmemoramos es mucho más significativo que lo sugerido por las interpretaciones materialistas, viene a darnos la idea inicial que justificó el nacimiento del Derecho Constitucional.
¿Cuál es el gran aprendizaje que ha dejado la Carta Magna?, sería la pregunta clave luego de 800 años. Todos podemos responder a nuestro gusto, en especial quienes han asumido las leyes y/o la República como la idea política más idónea para defender en el siglo XXI. Es un hecho que el Poder, por muy autoritario que pueda llegar a ser, debe ser frenado por acuerdos que tengan peso legal. El Derecho Constitucional toma a la Carta Magna como una de sus grandes inspiraciones, y los acuerdos que hoy mayoritariamente toman los Estados, llamados Constituciones, le deben a este instrumento mucho más que el nombre.
Cuando el poder está subordinado a las leyes, podemos vivir en un clima político de verdadera lucha agonal por el control del Estado. Pero cuando esto se invierte, es decir, cuando los tiranos toman el Derecho como un instrumento para lograr sus objetivos arbitrarios, la lucha existencial se justifica en sí misma; en un Estado donde principalmente sus gobernantes violan las leyes, ¿cómo es que los ciudadanos no pueden deponerlos porque algunos consideren esto como un “atajo”? Bien sabemos que Inglaterra tiene un sitial muy significativo en la historia de la Libertad, Lord Acton dedicó su gran obra a dejarnos esto claro. Y si lo tomamos así, la lucha por la Libertad, constante, continua, que debe darse día a día, está íntimamente ligada a los controles que imponemos al Poder.
La triste suerte que tuvo Juan I con su reinado, no es distinta a la suerte de los miles de opresores que todavía existen hoy en el mundo. Hay quienes se valen de la Constitución para hacernos creer que se está ante un “Gobierno”, con estricto apego a las “leyes”. Lo cierto es que son ochocientos, dictadores; más de ochocientos dictadores que lo han intentando, y han fracasado en su intento por hacer del poder algo eterno y expandible; son ochocientos años de una tradición que los obliga a respetar a los individuos, por encima de cualquier musa de utopía que cultiva la miseria y el oprobio. Esta tradición, que ha dinamizado y cambiado en formas que aún debemos discutir, nos enseña que no podemos vivir con Libertad si los únicos que estamos obligados somos los ciudadanos.
Juan Carlos Apitz