Este martes, la fiscal 59 a nivel nacional, Marisol Zacarías, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la radicación de la causa que se le sigue a Yonny Bolívar, quien fue extraditado la semana pasada desde Colombia por su presunta responsabilidad en la muerte de Adriana Urquiola, intérprete de señas del canal privado Venevisión.
AVN
En su programa Justicia y Valores, transmitido por Unión Radio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, recordó que la causa penal se le sigue a Bolívar en los tribunales del estado Miranda.
“Hemos solicitado en el día de hoy, hace pocos minutos, la fiscal lo solicitó ante el TSJ la radicación de la causa. Estamos pidiendo que sea radicada en otro sitio distinto al estado Miranda. Esto es una figura jurídica que se puede hacer cuando se considera que en el sitio donde se está adelantando el proceso penal, el juicio, la causa, pueda tener algún impacto negativo o que pueda ser un obstáculo para el desarrollo pleno y el descubrimiento de la verdad de los hechos”, explicó Ortega Díaz.
Yonny Bolívar fue capturado el pasado 11 de junio en Barranquilla, Colombia, por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El ciudadano, extraditado al país este jueves 18 de junio y trasladado en horas de la tarde desde el estado Táchira hasta Caracas, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en perjuicio de Urquiola, y el mismo delito pero en grado de frustración en detrimento de Rosalba Pérez, quien resultó herida en ese hecho.
Yonny Bolívar, recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además fue imputado por los delitos de porte y posesión ilícita de arma de fuego.
El pasado viernes 19 de junio fue dictada la medida privativa de libertad a Yonny Bolívar por su supuesta vinculación con la muerte de Adriana Urquiola, en un hecho ocurrido el 23 de marzo de 2014 en el sector Los Nuevos Teques, estado Miranda, donde recibió un disparo de bala luego de bajarse de una unidad de transporte público, cuyo paso fue obstaculizado por una guarimba promovida por sectores violentos de la ultraderecha, como parte las acciones con las cuales pretendían derrocar al Gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro.