Altos mandos de las Fuerzas Militares de Colombia presuntamente ordenaron o facilitaron ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por unidades bajo su mando, denunció el miércoles Human Rights Watch (HRW), que pidió a las autoridades investigar a los oficiales involucrados para sancionarlos si son responsables, reseña Reuters.
Los mandos, incluidos los actuales comandantes de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, y del Ejército, general Jaime Lasprilla, supuestamente ordenaron o sabían de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como guerrilleros muertos en combate entre el 2002 y el 2008, conocidos como “falsos positivos”.
De acuerdo con HRW ningún oficial de alto rango ha sido condenado por los “falsos positivos”, el mayor escándalo por violación a los derechos humanos al interior del ejército que combate a la guerrilla izquierdista en un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado más de 220.000 muertos.
La Fiscalía investiga al menos 3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales.
“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch.
“No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”, agregó.
El informe se conoció un día después de que la Fiscalía General llamó a declarar por los mismos casos a cuatro generales retirados del ejército.
De acuerdo con grupos de derechos humanos, las tropas del Ejército de Colombia, presionadas por incrementar el número de bajas en las filas de la guerrilla, asesinaron a civiles, muchos de los cuales fueron reclutados con promesas de trabajo en los cinturones de miseria de las principales ciudades del país.
El informe, que incluye testimonios y grabaciones de militares implicados en las investigaciones de la Fiscalía, sostiene que la ejecución extrajudicial de civiles fue una práctica generalizada en la mayoría de unidades del ejército.
Pero los actuales comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército negaron su responsabilidad en los hechos y aseguraron que no existe ninguna acusación formal en su contra. Reuters