Es el caso que describe hoy la periodista de Investigación Sebastiana Barráez en su columna Sebastiana sin Secretos en el semanario Quinto Día. La muerte del funcionario policial habría ocurrido en un “enfrentamiento” según la versión oficial del caso que luego se derrumba y en el que participaron funcionarios de PoliFalcón y un controversial Fiscal del Ministerio Público
El silencio de la Fiscalía …
MIN-PÚBLICO. En no menos de 6 notas (21/11/14, 30/1/15, 10/4/15, 17/4/15, 29/5/15 y 19/6/15), advertimos en esta columna lo que estaba sucediendo en el estado Falcón con el caso del Fiscal Anticorrupción Freddy Franco. Insistí en lo comprometida que estaba la administración de justicia con el poder regional. El Ministerio Público se hizo el ciego, sordo y mudo. Era evidente el abuso de poder, las graves irregularidades en los procedimientos, que el fiscal no sólo tuviese una cercanía demasiado estrecha y complaciente con el poder regional, sino que incluso usara un vehículo de la alcaldía de Coro. Era descarada la parcialidad del fiscal. Debió suceder un hecho atroz en lo que sería el ajusticiamiento de un Cicpc, el detective en jefe Andrés Eloy Castro Molina, que aunque estaría extorsionando, no tenía por qué ser asesinado por la espalda. ¿Y quién lo habría hecho? La policía de Falcón, la misma para la cual pedimos en octubre una investigación, ante la cual también el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Justicia, se hicieron los sordos (edición del 24/10/14). Polifalcón no sólo ha venido actuando violando los derechos de los ciudadanos, sino que además es usado por el poder regional contra opositores o contra chavistas que no son de su agrado. Incluso señalamos entonces que el jefe de un procedimiento era un policía investigado por asesinato, que luego fue ascendido. El viernes pasado en la tarde el fiscal Franco se presenta a una entrega controlada, sin autorización de ningún juez de control, y asistido por Polifalcón; Castro Molina al darse cuenta que Franco y Polifalcón lo tenían acorralado, corrió. Si él disparó o no su arma de reglamento, no es determinante, porque los tiros con los que terminó muerto se los dieron por la espalda. Lo más grave es que el Cicpc habría quedado herido, pero el lugar fue acordonado, por orden del fiscal, y no habrían dejado entrar a quienes pudieran auxiliarlo. La primera excusa es que hubo un enfrentamiento, versión que logra derrumbarse. De inmediato se movieron las influencias y se propone sacar a Franco de la Fiscalía Anticorrupción y enviarlo a la XXIII, pero el caso estalló a nivel público y el fiscal es llamado a Caracas, de donde se va diciendo que renuncia. ¿Es que en este país se activó la pena de muerte? Uno de los abogados de la familia del Cicpc recibió amenazas de muerte desde el Nro. 0424-4399946 si seguía ahondando en el caso. ¿Por qué el fiscal Franco no fue detenido? ¿Por qué se alteró el lugar de los hechos y no se resguardaron las evidencias en la escena del suceso? El Ministerio Público tiene una gran deuda con el estado Falcón y es hora de que le responda con eficiencia y responsabilidad.
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