El Gobierno ha dicho mucho sobre el nuevo modelo de admisión que pretende imponer a las universidades. Pero sin rubor ni vergüenza el Tribunal Supremo de Justicia ya lo validó.
Argumenta que su interés es democratizar la educación. Esto es que todos tengan derecho a la educación superior, supuestamente para proteger a los pobres, introduciendo de manera preponderante para la asignación del cupo el nivel socioeconómico. Me explico: el nuevo modelo contempla cuatro variables para la adjudicación de un cupo. La primera, la académica, esto es, el índice que el estudiante obtuvo durante el bachillerato, que con este nuevo sistema “revolucionario” se le da una ponderación del 50%. O sea, el rendimiento en el bachillerato solo importará a medias. Bajo el sistema anterior las notas del bachillerato se le tomaban en cuenta en un 97,5%. Esto se traduce que el conocimiento para la “revolución” tiene una importancia poco significativa. La segunda variable es la socioeconómica, a ella se le asigna un porcentaje sinceramente muy alto, pues el 30% es bastante. Aquí no se evaluará el desempeño académico del estudiante sino su nivel socioeconómico, el cual valora, entre otros elementos, el carácter profesional o no de los padres, tipo de vivienda, -rancho, bloque, alquilada o propia- y la actividad para el sustento familiar.
La tercera variable es la territorial, se le estipula 15% para su valoración, es la que está determinada por el lugar de la residencia del aspirante. Residir en el área de influencia de la universidad. La cuarta y última, que tendrá una ponderación del 5% es la que el ministerio cataloga como actividades extracurriculares. Participación comunitaria y otras no determinadas. Por cierto, la única variable que podemos auditar es la primera, en las otras se puede mentir y no hay manera de verificarlas.
@pabloaure