Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República, negó que la inhabilitación a María Corina Machado se deba a una “retaliación” o “persecución política” como lo han asegurado voceros de la oposición.
“No tenemos ninguna retaliación ni ninguna persecución con ningún ciudadano. A la señora María Corina Machado le hemos dado el trato de una ciudadana común y corriente, que incumplió con un deber consagrado en la ley”, explicó el funcionario en entrevista con Venezolana de Televisión (VTV).
Indicó que la inhabilitación de Machado tiene que ver con “inconsistencia o el ocultamiento de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio”. Explico que se trató específicamente “de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones o dietas que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada”.
“Al no incluir en la declaración jurada de patrimonio tales conceptos de carácter laboral, eso lo considera la ley, no la Contraloría General, sino la ley contra la corrupción, como una inconsistencia o un ocultamiento que de manera expedita y sin procedimiento alguno acarrea la inhabilitación administrativa por 12 meses”.