“Son reales” las posibilidades de que exista un recrudecimiento en los enfrentamientos entre bandas delictivas y efectivos policiales en las denominadas “zonas de paz” del país, similares al ocurrido en la Cota 905 tras un operativo de seguridad implementado por el Ejecutivo, que dejó como saldo al menos 15 muertos y 134 detenidos”.
Esta afirmación la realizó Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). “La situación no hubiera llegado a estos niveles sin la tolerancia de las autoridades”.
Considera que la lógica de las cárceles se repite en las zonas de paz del país. “Las prisiones están controladas por los propios internos, líderes criminales (…) Es la misma situación que en estos sectores. El Estado debe garantizar la seguridad en los lugares que están controlados por fuerzas no estatales”.
El defensor de los DDHH sugirió que se debe implementar un plan integral de combate a la inseguridad en el que participen no solo los cuerpos policiales. “Tiene que haber una transformación del sistema de administración de justicia”.
Uzcátegui afirmó que el Gobierno nacional tolera la existencia de grupos paramilitares. “En las protestas del año 2014 utilizaron a grupos armados vestidos de civil para enfrentarse a los manifestantes, y ahora, cuando intentan controlar a estas organizaciones, es muy difícil”.
Amenazas de muerte
A raíz de las denuncias efectuadas por los habitantes de la Cota 905, a medios de comunicación y a la Fiscalía tras los sucesos del pasado lunes 13, referentes a detenciones arbitrarias, hurtos, agresiones físicas y allanamientos ilegales de parte de los cuerpos de seguridad, han recibido amenazas de muerte de los uniformados.
Así lo aseguró Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, quien remarcó que en una visita el pasado sábado a uno de los sectores de la zona, llamado Las Quintas, documentaron múltiples de las acusaciones en contra de los efectivos de seguridad.
“Ellos (cuerpos policiales), lejos de brindar seguridad, lo que han generado es un conjunto de atropellos. Exigimos que sean investigados y se sancionen a los responsables”, dijo Rodríguez.
La ONG acompañó a los afectados a la Fiscalía para brindarles apoyo ante las denuncias que formalizaron.
Mientras, el ministro para las Comunas, Elías Jaua, aseveró que el Gobierno nacional no permitirá que organizaciones criminales pueda creer que tienen el derecho de dominar un territorio.
“Con el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) se están dando golpes certeros a estas bandas”, las cuales aseguró, son financiadas desde Colombia con el pago de droga y que de alguna forma se han vinculado con el paramilitarismo colombiano.
“Hemos visto la liberación de la Cota 905 y también hemos actuado en el sur de Aragua, en donde se han enquistado bandas poderosas. Urbanismos como Ciudad Betania y Ciudad Tiuna han sido liberados”, recalcó.
Supervisión
36 cuerpos policiales serán supervisados y fiscalizados a través de un operativo desplegado por el Ministerio de Relaciones Interiores. 120 funcionarios revisarán en 15 días los procesos administrativos, penales y disciplinarios abiertos en dichos organismos. La primera fase incluye al Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo.
Horas de espera
La visita que planeó Provea a la Cota 905 el sábado, para documentar las denuncias de los habitantes del sector, referente a acoso policial, tuvo que retrasarse tres horas por un nuevo operativo efectuado por cuerpos de seguridad, el cual terminó sin detenciones, al menos en el sector Las Quintas.