El presidente nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) Segundo Meléndez, alertó sobre posibles inhabilitaciones a dirigentes políticos que se encuentran exiliados del país y que por su trayectoria y aceptación en la ciudadanía, podrían ser postulados como candidatos a la Asamblea Nacional, respaldados por diversas fuerzas políticas.
Destacó que los dirigentes exiliados gozan de todos sus derechos políticos y civiles, por lo que no tendrían impedimentos de presentar sus nombres a cargos de elección popular, sin embargo advirtió sobre las recientes actuaciones del Gobierno nacional a través de organismos como la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para inhabilitar a candidatos de la oposición como María Corina Machado, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Pablo Pérez, dirigentes con los que se solidarizó.
El vocero de la tolda naranja señaló que existen rumores sobre una lista de dirigentes a los cuales se podría inhabilitar para evitar sus postulaciones, entre los que destacó a Eduardo Manuitt (Guárico) Ramón Martínez (Sucre) el ex alcalde de Maturín (Monagas) Numa Rojas y el ex gobernador de Yaracuy Eduardo Lapi. “Alertamos sobre la intención de violar derechos de estos ciudadanos. El Gobierno violaría la Constitución si toma medidas en torno a estos dirigentes” resaltó.
Indicó que en la actualidad, Lapi, quien se encuentra fuera de Venezuela desde el año 2007 y obtuvo asilo con estatus de perseguido político concedido por el gobierno de Perú bajo la presidencia del ex mandatario Alan García, es quien lidera las encuestas y posee los más altos niveles de aceptación entre los yaracuyanos. Recordó que Lapi fue gobernador en dos oportunidades y luego acusado de irregularidades administrativas durante la gestión del mandatario regional oficialista. Meléndez acentuó que al dirigente se le inició un juicio con anomalía y parcialidad, sin garantías de un debido proceso, juicio en libertad y derecho a la defensa.
Ventajismo rojo
El presidente de la tolda naranja señaló que las inhabilitaciones son parte de la violación sistemática de los derechos civiles de los ciudadanos que realiza el Ejecutivo nacional valiéndose de las instituciones del Estado. Asimismo, apuntó que la persecución y detención de activistas del MAS que iniciaron campaña para solicitar al Gobierno que cumpla con la dotación de servicios básicos en Vargas y Guárico, denota temor del poder ante las venideras elecciones parlamentarias.
“Esto, en un año electoral es grave porque demuestra la manera como se comportará el Gobierno en los próximos meses, de una manera ventajista. Asimismo, dentro de esta línea ventajista denunciamos que se han constituido 87 gobiernos de calle presididos por candidatos de los circuitos; o sea que los candidatos van a estar cumpliendo acciones de gobierno en la campaña y eso es violatorio de la ley electoral” manifestó. NP