El dirigente político José Luis Pirela revela los detalles del “fraudulento juicio penal” que se lleva en contra del exgobernador Manuel Rosales en una denuncia introducida este martes ante la Fiscalía, a la cual tuvimos acceso. Pirela describe como fue perseguido por el exmagistrado Eladio Aponte Aponte en el año 2008, con el fin de montar una maniobra para enjuiciar falsamente a Rosales.
Pirela, quien había interpuesto una denuncia contra Manuel Rosales en 2004, la cual no tuvo continuidad por la falta de pruebas, se negó a continuar con las exigencias de Aponte Aponte y hoy revela lo que considera una extorsión que además forma parte del proceso para la inhabilitación política de Manuel Rosales.
“Aponte Aponte, actuando como un cancerbero del poder me presentó un esquema de falsedades con supuestas pruebas que como en la vez anterior descubrí que eran falsas, acusando a Rosales de delitos que ni siquiera yo conocía, y pretendiendo que yo fuese el vocero de esa nueva denuncia. El montó otra olla, sin pruebas, sin ningún elemento probatorio que pudiera acusarlo. Aunque yo me negué otros sí se prestaron para esta canallada”.
Señaló Pirela, que Manuel Rosales promovió varios medios probatorios tales como testimoniales, libros contables, declaraciones del impuesto sobre la renta al Seniat, elementos todos estos en sustento de sus alegatos de defensa, los cuales no fueron considerados. Dichas pruebas reflejaban los ingresos producto de su actividad privada en el sector agropecuario.
Se puede recordar que la Contraloría concluyó la presunción de un incremento patrimonial el cual asciende para la fecha a la cantidad de 147.390 Bs, que supuestamente no justificó en su declaración jurada de patrimonio.
Pirela subrayó que Aponte Aponte tendrá que dar la cara y que los organismos competentes deberán determinar cuál fue su grado de participación, aunque “a mí me consta que el ex juez fue uno de los mentores, porque conmigo lo intentó y yo lo rechacé. Ese juicio es falso y debe ser anulado, porque todo fue una manipulación”.
“La ciudadana Fiscal General de la República debe asignar un fiscal especial que comience a investigar todo los elementos que estamos planteando en esta denuncia, porque la actuación contra Rosales marca el precedente de todos los juicios irregulares, sanciones e inhabilitaciones que hoy se multiplican por todo el país y constituyen mecanismo perjudicial para el equilibrio político y para la normalidad que Venezuela necesita en la antesala de un proceso electoral”.