Hace un año parecía inconcebible que los ciudadanos ecuatorianos salieran masivamente a protestar en contra del presidente Correa. Este había gobernado en una coyuntura de bonanza petrolera en la que la mayor parte de ecuatorianos, sobre todo los grandes grupos económicos, ganaron. Correa tenía y aún tiene en sus manos todos los poderes del estado: el poder judicial está presidido por su secretario particular y poblado por jueces sumisos al ejecutivo, el fiscal de la nación es su ex embajador en España y su movimiento político, que hace las veces de partido, tiene mayoría absoluta en el legislativo.
A lo largo de ocho años Correa montó una maraña de leyes y decretos que le permitieron controlar a la sociedad civil, a los movimientos sociales y a la esfera pública. Montó un emporio de medios estatales y creó instituciones y leyes para vigilar los medios privados provocando su autocensura. Parecía que el correísmo se perduraría en el tiempo.
Pero el gigante tenía pies de barros. La excesiva personalización del poder en Correa y las diferencias irreconciliables entre las facciones de su movimiento que sólo tienen en común su lealtad al líder, le llevaron a proponer modificar la constitución aprobada en su mandato para buscar su reelección indefinida. Luego de ocho años no tenía un partido político. Si bien se crearon movimientos sociales paralelos desde el poder, estos no tienen la fuerza de convocar a que sus militantes salgan a las calles.
Durante la bonanza petrolera no se ahorró ni un centavo. Se gastó todo en obras fastuosas y en incrementar la burocracia. Como era de esperarse la bonanza no duró para siempre. En lugar de recortar el gasto el gobierno se endeudó, sobre todo con China. La recesión ya se siente en la industria de la construcción que pasó de la burbuja a la crisis.
Con la intención de mantener su imagen de gobierno progresista Correa envió leyes a la Asamblea para regular la plusvalía de los bienes raíces e incrementar los impuestos a la herencia. Estas medidas provocaron que la clase media, que se siente ahogada en impuestos y regulaciones estatales, salga a las calles.
Seguían los pasos de la izquierda y de los movimientos sociales que han sido las víctimas de un gobierno que dice ser progresista. Por casi un año han salido a las calles los sindicatos, protestando la prohibición de que los empleados públicos se sindicalicen, los indígenas y ecologistas han protestado contra el extractivismo y la destrucción de reservas naturales con mega proyectos y en contra de leyes que ponen el agua al servicio de las grandes mineras. Los maestros, por los ataques a su sindicato y el traspaso de sus fondos de pensiones privadas al estado.
De a poco se ha ido perdiendo el miedo. En un principio la gente gritaba en las calles “abajo el señor presidente de la república” con el tiempo el grito se transformó en “fuera Correa”. El gobierno torpemente descalificó a las protestas como gestoras de un golpe de estado, cada sábado el presidente descalifica e insulta a sus opositores, incrementado su rabia y resistencia.
Ahora está creando grupos de choque que puedan llenar los espacios públicos para vitorearlo. La lucha política no se da en las instituciones de la democracia que están en manos del presidente sino que en las calles. Partidarios y opositores se carean con insultos. Por lo pronto no ha habido violencia y la policía los ha mantenido aparte. Ni la visita del Papa Francisco calmó los ánimos. Los opositores en Quito pifiaron y gritaron la consigna unificadora cuando pasaba una limosina en la que asumieron viajaba Correa detrás del Papa.
El movimiento indígena prepara caminatas que llegarán a Quito el 13 de agosto, fecha en que los sindicatos y gremios han convocado un paro nacional. Las demandas de los opositores son variopintas y reflejan los agravios a varios sectores. Les unifica su rechazo a las enmiendas constitucionales que permitirán la reelección indefinida de Correa. Sin canales institucionales de dialogo, la calle será el espacio en que se midan las fuerzas con el peligro de que se den episodios de violencia. Se incrementa la tentación autoritaria de que los civiles llamen a los militares para que les resuelvan sus problemas.
El correísmo, que prometió más democracia pero que forjó un régimen autoritario, se siente acorralado y parece no dudará en reprimir con tal de permanecer en el poder a cualquier costo.
Carlos de la Torre es Profesor de Sociología en la Universidad de Kentucky.
Publicado originalmente en el diario El País (España)