Antonio Urbina y Coral Rojas tienen ocho meses presos a pesar de haber logrado dos amparos a su favor tras ser contrademandados penalmente por el colegio.
Un matrimonio venezolano, legalmente establecido en México hace seis años, lleva preso ocho meses por una demanda penal que introdujo el colegio Westhill Institute de Santa Fe en represalia por una demanda civil que interpuso la pareja contra la institución educativa, la cual promovió a tercer grado de primaria a mitad de año, de forma indebida e inconsulta, a su hijo -hoy de 12 años- en el período escolar 2011-2012 sin notificar a la Secretaria de Educación Pública – SEP; No lo niveló académicamente después de haberlo cambiado de grado, No entregó boletas oficiales de calificaciones a los padres de 2do, 3er ni 4to grado e incluso llegó a falsificar exámenes para hacerlos pasar por los del niño con el fin de obtener una boleta de 4to que no aparece en los sistemas de control escolar de la SEP, por medio de una dudosa acreditación.
Antonio José Urbina Romero -alto ejecutivo de una importante empresa- y su esposa Coral Rojas han ganado dos amparos federales contra la demanda penal por presunto fraude procesal al Westhill-del constructor José María Rioboó quien está casado con la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF- pero como el colegio pidió revisión a ambos amparos, aún están tras las rejas como si fueran delincuentes comunes, él en el reclusorio Oriente y ella en el de Santa Marta.
El colegio ofreció a los padres una Promoción Anticipada para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes a su hijo mayor por ser muy inteligente. Este proceso que pública la SEP como mecanismo para avanzar a niños que se encuentran ya inmersos en el Sistema Educativo Mexicano, toma un año y comprende una variedad de estudios. Después de año y medio en espera de soluciones, los padres se presentan a la SEP donde les informan que el colegio nunca solicitó tal promoción para su hijo y que en el sistema de control escolar el.niño estaba cursando tercer grado y no cuarto donde el colegio lo tenía físicamente año y medio después de la supuesta promoción.
El matrimonio dejó de pagar las matrículas de la onerosa escuela, a manera de presión, mientras se buscaba una solución. Con el único fin de cobrar las colegiaturas, el colegio, en dos semanas y presentando cuatro exámenes , dos de los cuales no corresponden a la caligrafía del menor, realizó sin autorización de los padres, una Acreditación ante la SEP como si el niño estuviese llegando de otro país con lo que obtuvieron una boleta de cuarto grado que no aparece ni en los sistemas de la SEP.
Los padres deciden cambiar al niño de colegio y lo llevan a presentar exámenes de admisión en dos colegios privados para quinto grado confiando en que eventualmente el colegio resolvería el problema de su hijo pero el niño no pasa ninguno de los exámenes por falta de conocimientos. Terminan inscribiendo al niño en otro colegio para cuarto grado ya que era el grado siguiente que tendría que cursar acorde a los sistemas de la SEP. Esto afectó al niño ya que a sus ojos, era repetir de grado lo que le produjo frustraciones al niño y gastos no previstos a los padres.
Ante la burla de la que fueron víctimas por parte del colegio, los padres deciden contratar a un abogado y demandan en primera instancia en la vía civil al colegio y a la SEP por la ilegal emisión de la boleta de cuarto con la que le querían cobrar las colegiaturas suspendidas y luego de que en las vías jurídicas les resolvieran que tenían que realizar dos demandas, una por la vía civil al colegio y otra por la vía administrativa a la SEP, establecen una segunda demanda exclusivamente en contra del colegio por la negligencia con la que llevaron el tema educativo de su hijo.
El colegio, en lugar de presentar sus alegatos en el juicio civil, transformó el asunto en un caso penal, encarcelando a los padres para obligarlos a quitar la demanda a sabiendas que obraron mal en contra de este niño y su familia. Los del colegio se han valido del trafico de influencias y el abuso de poder en contra de esta familia y están así intimidando indirectamente a cualquier padre que decida reclamar al Instituto Westhill cualquier derecho, lo cual debería estar consagrado para todas las personas que habitan en este gran país.
Por otra parte, los tres hijos de la pareja -de 12, 5 y 2 años- están al cuidado de la abuela paterna quien tuvo que viajar a Mexico de emergencia desde Caracas, Venezuela –donde reside- en diciembre para evitar que, con los dos padres presos, los niños terminaran en un asilo u orfelinato.
Lo único que pide el matrimonio -que fue detenido el 13 de diciembre en el CC Interlomas mientras hacía compras navideñas- es que la revisión del amparo, que está en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, se haga lo más rápido posible para que puedan volver con sus hijos, ya afectados psicológicamente por la falta de sus padres.
Desde que inició el proceso penal contra el matrimonio se han violado sus derechos humanos a nivel nacional, así como a los tratados de derechos humanos internacionales que México ha suscrito. Comenzando con la violación a la debida defensa y al debido proceso derivado del hecho de que nunca fueron notificados de que existía una averiguación previa en su contra lo que permitió que los judiciales los aprehendieran de manera violenta, siguiendo instrucciones del procurador del D.F. según ellos mismos informaron a la pareja en el momento de su detención. No es casualidad que fueran detenidos al día siguiente que los tribunales civiles salieran de vacaciones navideñas y en día sábado para atarlos de mano con su defensa. A los Urbina les han dilatado los plazos hasta más no poder.
Los padres han recurrido a la justicia federal sabiendo que toda la maquinaria del sistema de procuración de justicia del DF esta en su contra. En el ámbito Federal lograron dos amparos favorables; Un primer amparo contra la negación de la juez del juzgado sesenta penal del DF por la negativa a permitirles el beneficio de la libertad bajo caución o fianza que instruye a la juez a determinar y documentar el por qué de su negativa y cómo agravó el supuesto delito y un segundo amparo concedido en contra del auto de formal prisión dictado por la misma juez del DF, donde el Juez Federal estudia el caso a fondo y determina que no existe en su caso el delito de fraude procesal que se le imputa a los padres de familia y mucho menos responsabilidad de los acusados.
Por favor ayuda a Coral y Antonio con tu firma para que puedan reunirse con sus tres hijos lo más pronto posible. Gracias.