La agudización de la escalada inflacionaria, producto del desatino de las políticas económicas del Gobierno, trasciende a la pérdida del poder adquisitivo que a diario confirman los venezolanos, pero además engendra, como uno de sus peores daños, la destrucción del patrimonio que suponen las prestaciones sociales, publica Correo del Caroní.
– En el año 1998, antes de la llegada del chavismo al poder, un trabajador de las empresas básicas, con más de 20 años de servicio, generaba prestaciones cercanas a los 67 millones de bolívares (hoy 67 mil bolívares) con las que podía comprar una casa, un carro y aún contar con un superávit.
– En 2015, un adelanto de 67 mil bolívares no alcanza siquiera para comprar un computador portátil, cuya oferta más asequible sobrepasa los 100 mil bolívares.
La amenaza de la hiperinflación en Venezuela se yergue en uno de los momentos donde el defensor por excelencia, el movimiento sindical venezolano, se encuentra doblegado por el Gobierno con el paralelismo sindical, la criminalización de la protesta y la intervención en elecciones internas, lo cual hace aún más cuesta arriba el desarrollo de un sindicalismo que reivindique una política económica global.
Mientras los sindicatos elevan consignas a favor del aumento de salario, eltsunami de la inflación acaba con los ahorros y con cualquier posibilidad de poder adquisitivo del trabajador.
Parece un callejón sin salida del cual el movimiento sindical no se está ocupando y que, más pronto que tarde,se convertirá en un búmeran.
Su expresión más inmediata es la dilución de las prestaciones sociales, ese ahorro forzoso pensado como un gran colchón para la familia.“Con un adelanto de prestaciones de 67 mil bolívares en Sidor, en promedio, no comprasuna laptop mucho menos un carro; con esa cantidad podía comprar en el año 98 una casa y un carro y le quedaba”, recuerda el dirigente del movimiento Unidad Matancera en Sidor, José Luis Alcocer.
Se trata de un “daño incuantificable”, pondera Alcocer, y una situación “perversa” dice la investigadora y abogada, Jacqueline Richter, de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Si bien las prestaciones fueron pensadas para hacer frente a la vejez o al desempleo, hoy ninguno de estos objetivos se cumplen: “Las prestaciones están convertidas en un aditivo al salario”.
Por eso, sentencia Richter: en momentos como estos, ese ahorro forzoso, no tiene sentido.Más aun tomando en cuenta que el Banco Central de Venezuela (BCV) acaba de fijar una tasa de interés de 17 por ciento con una inflación proyectada de 200 por ciento. “Eso es un despojo, una expropiación”, condena el abogado y profesor de la UCV, León Arismendi. “Por lo menos en el sector privado se otorgan anticipos, pero en el público el Gobierno no cumple ni eso y paga con mora, cuando el dinero no vale nada: ese ahorro se está licuando”.
Retroactividad sin sentido
La retroactividad de las prestaciones sociales, que se supone era la promesa de un “hecho histórico” y de “justicia social”, hoy tampoco son nada por varios factores.
“Si en lugar de escudarse en consignas contra el neoliberalismo hubiesen apelado al sentido común y a una calculadora se habrían dado cuenta que el verdadero problema era y es la inflación, fruto de los desequilibrios económicos creados por el estatismo, por una economía improductiva”, comenta Arismendi, quien participó de la discusión de la eliminación de la retroactividad en1997.
De hecho, la profesora Richter cree que el regreso a la retroactividad en 2012 fue un “entrampe”.Se pensó que estigmatizando el acuerdo de 1997 habría una solución.
“Hubo elementos negativos pero el solo hecho de haber aumentado la base de cálculo y haber detenido el proceso de desvalorización del salario, fue bastante”, porque un dato clave es queel recálculo de la retroactividad tiene sentido si no hay inflación. “Con una alta inflación se hace inviable, no solo para la empresa también para el trabajador”.
Y eso, para Arismendi, es el “cuento cruel que el pesuvismo no termina de admitir”. “Si la inflación se controla y baja a menos de un digito, la retroactividad se volvería una pieza de reliquia”, porque a fin de cuentas -insiste- es la inflación la que se está tragando los salarios.
El cortoplacismo sindical
Por eso la prioridad debería ser generar un buen sistema de seguridad social y eso, acota Richter, es un trabajo a largo plazo. “Las prestaciones en este país fueron el sustituto de la seguridad social: como el seguro social no funcionaba, como las pensiones eran muy bajas, como no había seguro de desempleo, las prestaciones siempre fueron el gran colchón de los trabajadores para enfrentar situaciones adversas”.
Y del sistema de seguridad social nadie habla, en parte, porque el movimiento sindical está entrampado en todo el proceso de división que ha sido muy duro, acota Richter. “Todavíael movimiento sindical se moviliza por un aumento salarial sin perspectivas a largo plazo. Nadie está pensando que por mucho que te aumenten el salario, si esta situación sigue igual, no hay salida porque estás poniendo mayor cantidad de circulante en el país y cada día hay menos productos, y al haber mayor circulante y menos productos, los productos son más caros y es un círculo vicioso”.
Siendo así, concluye, la única manera de cambiar esta situación “perversa” es con un cambio de políticas económicas, “lamentablemente para eso es necesario un cambio de Gobierno, porque este Gobierno no lo va a hacer, le tiene pánico a tomar cualquier decisión”.
Ese cambio de políticas económicas -dice Arismendi- debería presionarlo el movimiento sindical como el resultado del diálogo y la concertación entre gobierno y las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, “de modo que no recaigan sobre los trabajadores el costo de la crisis. Los pactos sociales europeos han sido las experiencias positivas en esa materia”.