Hemos sido invitados por el gobierno a participar en la consulta pública sobre la propuesta del “Plan Nacional de Derechos Humanos”, a celebrarse en la Biblioteca Nacional el próximo 27 de agosto. Será una reunión de un día completo en la que, se supone, será escuchada la sociedad civil, representada por diversas ONG que se ocupan de estos temas, entre las que está el Foro Penal Venezolano, de cara a la formulación e implementación de un plan nacional que aborde los graves problemas que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
Vamos a ir. De hecho, ya confirmamos nuestra asistencia. Algunos podrán sentirse incómodos, sobre todo entre los fundamentalistas de lado y lado. Los radicales oficialistas seguro se quejarán, alegando que es absurdo invitar a tal evento a una ONG que ha sido señalada, incluso por el índice oscuro de algunos de los más altos funcionarios del gobierno, como “criminal”, “apátrida”, “terrorista” y vaya usted a saber cuántas otras cosas más, todas falsas. Desde la otra acera, desde esa oposición ciega y obtusa que también existe, seguramente se dirá que “le estamos haciendo el juego” al gobierno, que le estamos “lavando la cara” a Maduro o que “nos vendimos”. Será falso también, y lamentable, pero así están las cosas hoy por hoy en este país descuartizado.
Pero vamos a ir a hacer lo que siempre hacemos: Decir la verdad con datos y cifras en la mano y con testimonios y pruebas que la corroboren. No vamos a ir a negar la realidad, por el contrario, vamos a ir a develarla, a desnudarla frente a quienes, tercos, se niegan a ella. Si algo hemos aprendido en tantos años de batalla por los derechos humanos, es que poco se logra predicándole continuamente al coro, hablando de lo mismo y contando las mismas historias a los que ya las conocen de primera mano y no necesitan ser convencidos. Es menester abrir el compás, destrancar el juego. Venezuela lo necesita. La audiencia con la que nos vamos a encontrar, seguramente, será muy parecida a una boca de lobo, pero mientras más oscura sea más necesita de luces que la llenen y la muestren tal como es, que no como algunos quieren que se vea. Vamos a ir porque no podemos comportarnos como lo hacen los que, por sus diferencias ideológicas o políticas, o por simple conveniencia, creen equivocados que negar la existencia del “otro”, del que no les sigue el juego, del que no está de acuerdo con ellos, es la manera de sacar adelante al país. Vamos a ir porque aunque seguramente no faltará que busque tergiversar las cosas, torciendo el sentido de nuestra participación en la consulta para sacarle provecho político, no somos de los que se callan las cosas, y para nosotros el miedo no es opción. De nosotros se podrá decir lo que sea, pero nunca que nos escudamos en el silencio ni que no dijimos lo que se debía decir a quién debíamos decírselo.
Además, no hay nada que nutra mejor tu lucha que la comprensión de la visión ajena, distinta, del que no ve la cosas como tú las ves. No es esta una oportunidad que deba desperdiciarse.
Y vamos a hacer también varias propuestas concretas. Como ya adelanté, comenzaremos esforzándonos en que a la situación se la vea como es en realidad, sin sesgos ni mentiras. Si algo está mal en nuestro país es el respeto a los derechos humanos, a causa de una institucionalidad perdida que lejos de brindar soluciones lo que hace es empeorar los problemas. Partir de la base de que no es así, es inaceptable y, lo que es peor, no sirve para nada. Nuestras cárceles son las peores de Latinoamérica, y en ellas mandan más los pranes y los reclusos que la propia autoridad; el abuso y la arbitrariedad son regla, no excepción, y los tribunales, la policía y la fiscalía se han convertido en armas de persecución política, que no en órganos dirigidos a la prevención, control y represión, seria y humana, constitucional y respetuosa de los derechos humanos, de la verdadera criminalidad. Casi el 80% de los jueces penales del país no son de carrera, son provisorios y no tienen estabilidad alguna, lo que los priva de autonomía e independencia y les hace fáciles a la sumisión y al abuso. El exceso en el uso de la fuerza policial, los ajusticiamientos, las torturas y la corrupción generalizada a cargo de los órganos de seguridad no pueden taparse con un dedo, y dejan en pañales a todo lo malo que pueda atribuirse momentos anteriores de nuestra historia. Ya es insostenible.
Es importante entonces, en primer lugar, consolidar un sistema penal autónomo, independiente, que solo se deba en sus actuaciones a la Constitución y a la ley. Es indispensable mejorar las condiciones generales del acceso a la administración de justicia, para todos, disponiendo sin corruptelas de los recursos necesarios para que los tribunales mejoren su paupérrima estructura, trabajen con eficiencia y rapidez y dejen de ser la ruina que hoy son. Debemos depurar nuestros cuerpos de seguridad, cuidando de la seguridad laboral y social de sus integrantes. Si un Comisario Jefe gana en un mes lo que un choro puede ganar en un día ¿Cómo evitamos la corrupción? Hemos de fomentar además una cultura en la que la violencia represiva y el abuso sea sustituida por el respeto, sin ambages, a la ley y a los derechos humanos, dotando a nuestros policías con las herramientas y recursos que necesitan para cumplir sus funciones cabalmente bajo la dirección de un Ministerio Público del que sus integrantes puedan sentirse orgullosos, que no como títeres manipulables a los que, me consta, en muchos casos les obligan a hacer cosas con las que no están de acuerdo.
También es importante que el gobierno acepte y comprenda que las ONG que se ocupan de los derechos humanos no son sus enemigas, y que en consecuencia haga cesar desde todo punto de vista los insultos, las amenazas y las investigaciones penales con las que se pretende intimidarnos y limitar nuestras posibilidades de actuación. Es verdad, a ningún gobierno le gusta que le muestren sus llagas, pero peor es dejarlas crecer y hacer estragos, pues si así se procede al final del día perdemos todos. Propondremos un cuerpo normativo que regule nuestra actuación, que nos legitime como sujetos procesales y observadores válidos ante cualquier autoridad en las causas en las que se hayan violado los derechos humanos, que ya esto está adelantado además en el COPP, y que por encima de todo proteja a los defensores y activistas de derechos humanos de las retaliaciones, de las persecuciones injustas y de las ojerizas oficiales.
También propondremos una vez más el cese inmediato, a través de la promulgación de una ley de amnistía general, de toda persecución por motivos políticos que haya encarcelado, condenado o enviado al exilio en los últimos lustros a cualquier venezolano, solo por oponerse al poder. Este turbio capítulo debe cerrarse de una vez. La paz que anhelamos y la ansiada reconciliación nacional lo demandan.
@HimiobSantome