El censo integral con el que el Gobierno venezolano quiere registrar las actividades económicas y a la población de la zona fronteriza occidental del Táchira, en la que el presidente Nicolás Maduro decretó un estado de excepción el pasado viernes, comenzará finalmente este jueves.
A pesar de que se anunció que su arranque tendría lugar ayer en los seis municipios donde se suspendieron las garantías, las autoridades venezolanas revelaron que los encargados de llevar a cabo el registro se desplegarán por esta área fronteriza desde el jueves.
“Ya mañana se despliegan los equipos (…) para comenzar con un censo integral, un registro donde (…) vamos a abordar lo económico productivo, a ir por todas las fábricas, por todas las empresas, por los comercios para conocer la realidad”, informó el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, desde una fábrica en Táchira.
Maduro anunció el pasado miércoles el cierre por tres días de alrededor de 100 kilómetros de los poco más de 2.200 fronterizos con Colombia tras el ataque de supuestos contrabandistas, a los que acusó de ser “paramilitares”, a un grupo de militares y un civil.
Dos días después decretó el estado de excepción en seis municipios de la zona y extendió el cierre fronterizo de forma indefinida, decisiones fundamentadas en la lucha del Ejecutivo contra el contrabando y la inseguridad en la zona y para la que pidió el apoyo del gobierno colombiano.
El calificado por el jefe del Ejecutivo ayer como “censo integral”, recordó Arreaza hoy que se activa debido a que “necesitamos saber quiénes somos” y aseguró que sus responsables serán “muy rigurosos”, pero “siempre bajo la constitución y las leyes” venezolanas.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, quien acompañó a Arreaza, señaló que en este registro se hará inventario de “absolutamente todos los factores que se encuentran específicamente en la zona” en estado de excepción.
Un censo del ámbito económico y productivo al que se sumarán “todas las parcelas (…) todas las viviendas, todos los hogares”, agregó el también vicepresidente para el Área de Gestión y Desarrollo Territorial.
Con la puesta en marcha de este registro el Gobierno venezolano activa otra medida más en la lucha que mantiene contra el paramilitarismo, el contrabando y el crimen que, asegura, tiene infestado este paso fronterizo y que hoy sumó un nuevo detenido.
El mismo Arreaza informó más temprano de la detención de un supuesto jefe paramilitar colombiano de 19 años y que, según el vicepresidente, se dedicaba al contrabando de extracción y al que le fueron incautadas una granada, municiones y drogas.
“Sepan los paramilitares colombianos, y si hubiere venezolanos, les quedan dos opciones: o serán capturados y pueden morir en combate al enfrentarse con nuestra FANB, o deben entregarse entonces ante las autoridades”, advirtió Arreaza.
El detenido, Diego Armando Muentes Burgos, añade su nombre a la lista de poco más de una docena de supuestos paramilitares detenidos en la zona desde que se activó el estado de excepción.
La oposición por su parte reiteró que la intención de las medidas de Maduro en la zona fronteriza son “un intento del Gobierno de (…) crear una situación de perturbación que pudiera dar pie a suspender, posponer elecciones”, dijo el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealaba, en alusión a las legislativas de fin de año.
La principal patronal venezolana (Fedecámaras), mediante su presidente Fernando Martínez, advirtió del “impacto severo” de las medidas aunque consideró “prematuro” y “difícil de predecir” la cifra de pérdidas en la zona por las mismas.
Para tratar de buscar una solución a la problemática fronteriza que ha llevado a alrededor de 3.000 colombianos desde las últimas horas del lunes, según autoridades colombianas, a cruzar la frontera, se reunieron las cancilleres de ambos países en la ciudad caribeña Cartagena de Indias.
María Ángela Holguín por Colombia y Delcy Rodríguez por Venezuela no alcanzaron un acuerdo para reabrir este paso, pero sí una serie de acciones conjuntas contra el contrabando y otros delitos.
Organismos como la Unasur y la Unión Europea han mostrado su preocupación ante la problemática fronteriza y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas denunciados por los colombianos deportados o los que decidieron abandonar voluntariamente Venezuela.
Sin embargo, para apoyar las decisiones tomadas por Maduro, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del que también es presidente, convocó a una marcha el viernes para “exigir respeto” a Colombia.
El dirigente del PSUV Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño de Libertador señaló que la idea es que los que se movilicen ese día exijan respeto al derecho “a vivir en paz”, así como “contra el paramilitarismo”, la criminalidad y el “bachaqueo” (contrabando y reventa de productos).EFE