Gladys, sin equipaje y con su documento de identidad en el sujetador, cruzó un paso ilegal para ir de Colombia a Venezuela, urgida por abrir su tienda cerrada desde hace una semana cuando el cierre de la frontera la sorprendió en su casa en la colombiana Villa del Rosario.
La mujer, colombiana de nacimiento, vende carteras en el poblado de San Antonio del Táchira, del lado venezolano de la frontera, y es la única de su cuadra que ha abierto desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre del puente que une a ambos países y decretó el estado de excepción en varios municipios incluido este.
La noticia anunciada a medianoche sorprendió a muchos comerciantes con tiendas en la frontera venezolana y con la almohada, la cama y la familia en el lado colombiano.
Aunque no todas las tiendas son de colombianos el comercio de la zona se ha venido a menos porque depende de la frontera, si bien no por su dueños, porque sus proveedores, empleados, o compradores, se quedaron al otro lado del río.
Desde entonces, los últimos ocho días del poblado venezolano han transcurrido con una tranquilidad inusual para un lugar que hasta hace una semana era, junto a Cúcuta, un corredor importante para el comercio, el narcotráfico o el contrabando.
Ahora en San Antonio solo se pueden encontrar grandes grupos de personas en tres circunstancias, la primera de ellas colombianos formados en largas filas frente a una alcabala militar venezolana en la entrada del pueblo con la esperanza de que les dejen pasar hacia Colombia.
Y luego existen otras dos posibilidades frecuentes, o pasando las trochas clandestinas por donde ni colombianos ni venezolanos necesitan permiso para cruzar la frontera, o frente a las tiendas de alimentos haciendo enormes colas para intentar comprar productos escasos en la zona.
“La gente está atemorizada. A mi a cada rato me llaman y me preguntan, mira cómo está eso allá, y yo les digo que tranquilo, pero para nosotros tranquilo no es normal”, cuenta Gladys desde su tienda.
El tránsito de personas, prohibido casi en su totalidad para atravesar este pasillo internacional, tiene una de sus primeras consecuencias en el comercio de la zona que en la última semana ha sido casi inexistente.
“Ya la gente no quiere venir ni a comprar ni a vender, les da miedo, como quien dice, no se vende ni para comprar la comida”, dice la vendedora sentada junto a un computador desde donde vigila la tienda de su hermana, cercana a la suya, y que ha tenido que atender mientras Emilia logra cruzar la frontera.
Un fabricante de zapatos, con una tienda muy cerca del puente internacional Simón Bolívar, es venezolano y no ha cerrado su tienda pese al cierre fronterizo. Sin embargo, asegura que solo se sienta “a ver pasar a la gente” porque la materia prima que utiliza es colombiana y no tiene nada que ofrecer.
“Aquí dependemos de Colombia, y ellos dependen de uno, porque aquí no se consigue un material, no se consigue un pegante (adhesivo), no se consigue una tachuela, no se consigue nada”, dice el zapatero que prefirió identificarse solo como José.
“Aquí estamos paralizados, estamos como se dice muertos”, agrega un cliente de la tienda antes de marcharse decepcionado por no haber encontrado un tacón para su zapato.
Por otro lado, están los microcontrabandistas que se dedicaban a comprar alimentos o artículos regulados y subsidiados en Venezuela para llevarlos a la frontera colombiana, revenderlos a precios internacionales y volver, en un ciclo vicioso que los venezolanos llaman “bachaqueo”.
Sin embargo, la militarización de San Antonio y los rigurosos controles fronterizos han puesto cuesta arriba esta forma de contrabando que los habitantes de la zona atribuyen a los colombianos y a la corrupción de los militares venezolanos.
Mientras todos esperan que todo se ponga peor, Gladys espera que en la noche la vigilancia militar baje la guardia para ir a su casa a cenar y, si lo logra, quizá su tienda mañana de nuevo amanezca cerrada.
Indira Guerrero/EFE