En la celda 4 de la Coordinación Policial 1 de Polimiranda, ubicada en Los Teques, 11 presos comparten un espacio de 3×3 metros. Cuando acuerdan dormir, 5 son los privilegiados para acostarse sobre deterioradas esterillas, mientras que los otros 6 esperan su turno de pie. El detenido más antiguo, un joven de 21 años de edad, que está allí desde hace un año y medio por el delito de hurto de vehículo, contó que la única distracción que tienen es jugar cartas, reseñó El Nacional.
Por Angélica Lugo
Las 7 celdas de esta coordinación, ubicadas en un pasillo angosto, tienen capacidad para albergar a 30 detenidos, pero en la actualidad hay 61 personas a la espera de ser trasladadas a las cárceles. Esa área, maloliente por el sudor y orine de los detenidos, muestra una crisis que se extiende a otras 5 coordinaciones de la policía del estado Miranda: En 6 de las 7 dependencias hay 206 detenidos, pese a que tienen capacidad solo para 140 personas, según el director de Polimiranda, comisario general Elisio Guzmán. La situación se replica en los calabozos de 5 instituciones municipales y 7 del Cicpc, ubicados en la Gran Caracas: allí pernoctan 699 personas.
El hacinamiento en los calabozos policiales, que son centros de detención preventiva concebidos para el albergue por un lapso de 48 horas mientras se desarrolla la audiencia de presentación, ha generado protestas de detenidos que exigen traslados a los penales. El lunes 24 de agosto se registró un motín en el calabozo de Polichacao, del que se fugaron tres hombres, según el subdirector, comisionado Rubel Vásquez. “Se llamó a orden público para controlar la situación y uno de los hombres fue recapturado en el techo de la sede policial. Ese día se consiguieron armas de fabricación casera, teléfonos móviles y cargadores”, precisó.
El abogado penalista Jesús Ollarves recordó que los detenidos no deben permanecer más de dos días en calabozos policiales, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, tiempo en el cual el juez de control debe definir cuál será el destino del detenido.
“A lo sumo en dos días el juez de control, previa solicitud de Fiscalía, debe informar a qué centro penitenciario será trasladado. Si eso no se concreta, falla el proceso pues en estos retenes la lógica de rehabilitación del preso no funciona”.
La directora de la Fundación para el Debido Proceso, abogada Jacqueline Sandoval, considera que la crisis de hacinamiento que hay en los centros penitenciarios se ha trasladado a los calabozos policiales. “El gobierno tiene una deuda sobre todo con Caracas, que es donde se genera el mayor número de detenidos y la capital ya no cuenta con un centro de reclusión luego de la clausura de La Planta. Por un lado el tribunal asigna el centro de reclusión, pero las policías deben esperar que el Ministerio de Servicio Penitenciario les otorgue los cupos de traslados”, dijo. Reclamó al ministerio que tome cartas en el asunto: “Se necesitan más penales y que se den las medidas alternativas de la pena a tiempo”.
El preso más antiguo en los calabozos de Polimiranda, con medida privativa de libertad por el delito de secuestro, está allí desde junio de 2013: “No es posible que estén convirtiendo a las policías en lugares para el restablecimiento de pena. Hay un hacinamiento crónico que se agudiza con el tiempo. Cada vez tengo que mandar unidades de orden público para tener control de los presos que se alzan”, manifestó el director de ese cuerpo policial.
Una carga más
Además de sortear el hacinamiento, en las sedes policiales deben enfrentar la falta de recursos no presupuestados para cancelar los kits de traslados de los reos. Una responsabilidad que les adjudicó el Ministerio de Servicio Penitenciario desde mayo de este año.
“Ahora debemos asumir el gastos de los kits de traslados. Recientemente tuve que pedir un crédito adicional a la gobernación para cancelar los implementos”, precisó el comisario Guzmán. Explicó que los kits de traslados deben incluir colchonetas, uniformes, zapatos, toallas, jabones de baño, pasta dental, cepillo de dientes, desodorantes y dos juegos de sábanas por cada recluso, lo que supera el valor de los 30.000 bolívares.
Representantes de las policías municipales consultados confirmaron que también han tenido que pedir recursos adicionales a las alcaldías y colaboraciones a vecinos e instituciones privadas para cancelar esos kits. Hasta el 26 de agosto en Polichacao ya habían cancelado 23 equipos.