Por KEJAL VYAS y SARA SCHAEFER MÚÑOZ
La semana pasada, soldados de la Guardia Nacional de Venezuela pintaron con aerosol una “D” enorme sobre una pared de la casa, indicando que debía ser demolida, luego de haber arrestado y deportado a la nuera de Bonilla, una ciudadana colombiana.
Estas acciones son parte de la ofensiva del presidente Nicolás Maduro contra los colombianos indocumentados que residen en Venezuela, a quienes acusa de la ola de delitos desenfrenada y el desmoronamiento de la economía nacional.
La campaña de deportación ha generado pánico en varios municipios fronterizos. Hace más de una semana, Maduro ordenó cerrar la frontera indefinidamente y suspender por 60 días los derechos constitucionales, incluyendo la libertad de protestar sin la aprobación del Estado. El viernes expandió el “estado de excepción” a más municipios fronterizos.
El decreto de emergencia de Maduro “debería haber levantado banderas rojas a nivel internacional”, dijoJosé Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Pero no lo hizo, y las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos van en aumento”.
Miles de colombianos han huido a pie, atravesando el río que separa las dos naciones sudamericanas, transportando sus mascotas y pertenencias, desde colchones hasta neveras.
El éxodo fue criticado por funcionarios colombianos, entre ellos el presidente Juan Manuel Santos, que la semana pasada dijo que el marcado y la destrucción de casas eran un recordatorio de “episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse”.
Las autoridades colombianas están ayudando a 1.100 deportados y 5.000 colombianos que salieron de Venezuela por su propia voluntad después de que Maduro advirtió que iba a arrasar grandes extensiones de estos barrios pobres. El presidente venezolano prometió otorgar vivienda estatal a la “gente decente” desplazada en el proceso.
“Debe haber respeto por ellos y por sus bienes, en lugar de sembrar el miedo y de generar una estampida humana”, dijo Jaime Vega, un comandante de la policía de Colombia en esta región fronteriza.
José Vielma, el gobernador del estado del Táchira que fue designado por Maduro para supervisar la operación, rechazó las críticas como un intento por calumniar al gobierno izquierdista de Venezuela. El funcionario dijo que las deportaciones terminaron el jueves, pero que muchos residentes todavía están tratando de reubicarse, desmantelando ladrillo por ladrillo sus casas para llevárselos consigo.
“Estoy tan enojado que podría llorar”, dijo un exasperado Bonilla, mostrando la cama doble y la cocina amueblada que puede llegar a perder ahora que su casa ha sido marcada para la demolición. Bonilla sacó una factura de agua reciente como evidencia de que Venezuela, bajo el liderazgo del fallecido líder izquierdistaHugo Chávez, aceptó desde hace mucho tiempo la presencia del barrio improvisado de San Antonio al que le ofreció servicios públicos.
Un comunicado de prensa de la oficina de Vielma publicado en julio de 2014 y disponible en su página web oficial, menciona los planes del gobernador de pavimentar carreteras y mejorar los servicios de electricidad, agua y teléfono celular para erradicar la pobreza extrema en esa barriada.
“Esto nunca habría sucedido con Chávez”, dijo Bonilla, quien agregó que ha perdido la fe en el gobierno socialista en medio de la lucha diaria de los venezolanos contra la creciente inflación y la escasez crónica de alimentos, que los obligan a pasarse horas haciendo filas en supermercados desabastecidos.
Al igual que otros barrios de la zona fronteriza, San Antonio creció rápidamente durante la última década conforme colombianos y venezolanos aprovecharon los productos baratos subvencionados por Caracas, desde leche en polvo para bebés hasta gasolina. Muchos de esos bienes se contrabandeaban por la frontera para ser vendidos a precios más altos en Colombia.
Pero con una Venezuela golpeada por la caída de los precios del petróleo y con su modelo económico de planificación centralizada en ruinas, Maduro ha comenzado a culpar a los residentes fronterizos de todos los males del país, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución y la especulación cambiaria.
“Esto tiene que curarse de raíz. Necesitamos una nueva frontera, de trabajo, respeto, prosperidad y de paz”, dijo Maduro en un discurso a la nación.
Una reunión del miércoles entre los cancilleres de Venezuela y Colombia no llegó a ninguna solución significativa para la disputa fronteriza.
Nicholas Watson, analista de riesgo con la consultora Teneo Intelligence, dijo que el estancamiento diplomático es una señal de que Maduro está dispuesto a dejar que la crisis se convierta en una distracción de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Según encuestas, el oficialismo cuenta hoy con un apoyo de apenas 20% para esas elecciones.
El tema de la frontera se ha politizado en Colombia también, donde el ex presidente Álvaro Uribe ha culpado a su sucesor de suavizar las relaciones con Caracas como parte de sus negociaciones de paz con el mayor grupo guerrillero de Colombia.
“Tenemos un Gobierno que es buen súbdito de la dictadura de Venezuela y nulo para proteger a los colombianos”, dijo Uribe en su cuenta de Twitter.
Alrededor de San Antonio, la mayoría de los negocios están cerrados. Los militares venezolanos han establecido puestos de control en las esquinas.
El cierre de fronteras ha generado una ola de pánico que se extiende a los supermercados, que ya están cortos de inventario. Cientos de residentes, muchos de ellos mujeres con sus niños, hicieron una fila caótica el jueves para adquirir pañales y jabón, mientras la Guardia Nacional intentaba mantener el orden y limitar las compras a un artículo por persona.
Protegiendo a su niña de 8 meses del brutal sol tropical, Wilmerys Castillo dijo que hizo la fila porque le preocupa que ahora entren menos productos a Venezuela.
Luz Torres dijo que por lo general tiene que cruzar la frontera para comprar lentejas porque en las tiendas venezolanas no se consiguen. “Creo que vamos a terminar encerrados como los cubanos”, dijo.
Mientras espera que el gobierno destruya su casa, Bonilla dijo que no sabe qué va a hacer. Su hijo de 28 años de edad, también ciudadano venezolano, se fue a Colombia para estar con su esposa deportada.
Bonilla señaló la ahora vacía extensión metálica que construyó para la joven pareja. “Me dijo: ‘Papá, ¿para qué me queda aquí? No tengo nada. Estoy cansado de Venezuela. Me voy’”.