El procurador Alejandro Ordóñez mostrará 19 páginas con evidencia de violentas deportaciones y desapariciones para que la Corte de La Haya procese y capture al mandatario chavista y a varios funcionarios de su gabinete.
El medio de comunicación colombiano Noticias Caracol tuvo acceso al texto de 19 páginas redactado por el procurador Alejandro Ordóñez e informó que reúne presuntas pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro contra ciudadanos colombianos desde el inicio del cierre de fronteras.
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La Procuraduría de Colombia documentó lo que, según esa entidad, constituye una política de persecución y ataques sistemáticos contra 12 mil colombianos que han sido deportados forzosamente desde Venezuela. Esta cifra, según Caracol, se basa en informes de la ONU.
“Por instrucción del señor Nicolás Maduro, la Guardia Venezolana empezó a hacer celadas contra colombianos, detenciones ilegales y privaciones de libertad sin una orden judicial, en especial a los hombres, vendándoles los ojos y subiéndolos en buses y camiones hasta la frontera o desapareciendolos. De igual manera, las mujeres denunciaron haber sido objeto de abuso sexual y manoseo de parte de los miembros de la Guardia”, advierte uno de los apartados más polémicos del documento.
Ordoñez explicó que la deportación o traslado forzoso de población es un crimen consagrado en el Estatuto de Roma y, por eso, le solicitó a la fiscal Fatou Bensouda que expida la orden de captura contra Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; la canciller Delcy Rodríguez, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, y dos generales venezolanos.
El procurador agregó que los ataques de la Guardia Venezolana han sido sistemáticos y generalizados, además que obligaron a que miles de colombianos se exilien y aparten de sus familias.
El diario El Espectador también reseñó que para Ordoñez se cometen ocho ataques sistemáticos: una campaña de persecución contra los pobladores colombianos en Venezuela; segundo, cientos de deportaciones arbitrarias sin justificación distinta al origen colombiano; tercero, la criminalización, humillación y tratos crueles; cuarto, las medidas de aislamiento, las casas demolidas y el hostigamiento sin orden judicial; quinto, múltiples casos de abuso sexual contra colombianas; sexto, las torturas psicológicas desplegadas por agentes estatales del vecino país; séptimo, la separación injustificada de padres colombianos e hijos nacidos en Venezuela, y octavo, la política de xenofobia.