Esperar una semana más por la sentencia de @LeopoldoLópez y los estudiantes, nos coloca en un escenario optimista por mostrar la debilidad del régimen de Maduro. La inequidades e irregularidades procesales exaltadas a medianoche por la Jueza Susana Barreiros y los fiscales Franklin Nieves y Narda Sanabria, no es más que la vigorización de la denegación del acceso a la justicia en la creída patria bonita de los revolucionarios bolivarianos, signo de su debilidad política traducida en la imposibilidad para el ciudadano común, mucho más para adversarios políticos, de disponer efectivamente de cauces institucionales destinados a la protección de derechos y resolución de conflictos de variada índole, de manera oportuna y con base al ordenamiento jurídico, lo cual comporta, paradójicamente, una violación de derechos humanos para los imputados, cuya culpabilidad se dogmatiza en causas penales falaces extendidas a lo largo y ancho de Venezuela. (https://www.youtube.com/watch?v=z8QnxyV2eKM)
Que tengamos que esperar una semana por la sentencia de @LeopoldoLópez y los estudiantes, no sólo debe movernos a ser solidarios con la valiente Lilian Tintori y con todo aquel que ve en este diferimiento un acto contrario a las garantías fundamentales. Eso no es suficiente, cuando hay ciudadanos que llevan más de 7 años esperando juicio, a la par de otros a quienes luego de 3 años ni siquiera le han hecho la audiencia preliminar o quienes siendo objeto de instrucción amañada de expedientes y subsecuentemente exculpados, aún permanecen tras la rejas. A este respecto, conviene tener presente, que el cabal funcionamiento de las instancias ante las cuales se canalizan las demandas de justicia es un factor capital para la construcción de civilidad y ciudadanía y en la consolidación de los valores democráticos, al tiempo que ayuda a mantener la paz social y la seguridad jurídica, algo impensable en un régimen en el que reina la impunidad, la violencia e inseguridad bajo el velo de un socialismo trasnochado que históricamente ha sido la antítesis de la sana administración de justicia.
De tal manera, que no debe sorprendernos que el régimen de Maduro actué en sentido inverso al acceso de justicia, violando flagrantemente los derechos humanos, erigiéndose por su inadecuado desempeño en causa de exclusión y discriminación social, así como de impunidad e incertidumbre, con todas las consecuencias que de ello suelen derivarse y devienen en barreras para el acceso a la justicia como las impuestas no sólo a @LeopoldoLópez sino también a un número significativo de venezolanos que no han tenido la dicha de encabezar el Hit Parade de los presos políticos por obra y gracia tanto del Poder Judicial como del Poder Moral o Ciudadano, valga decir por obra y gracia de Gladys María Alvarado López, Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab, (https://www.youtube.com/watch?v=4X-QxhMHtLg&list=PLNRQgS_kN233SP7Bz9OCgq6hjN5zpXWrH) integrantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y los primeros en incurrir en actos contrarios a la tutela de los derechos humanos.
A diferencia de @LeopoldoLópez y los estudiantes, Kamel Salame Ajami (https://www.youtube.com/watch?v=uL97qIidvxw) lleva más de SIETE (07) AÑOS esperando la apertura del debate oral y público en un proceso sin pronóstico de condena, es decir, sometido a lo que la jurisprudencia patria denomina “pena de banquillo”, ya que introdujeron fraudulentamente en su proceso delitos relativos al tráfico de estupefacientes y han negado, invocando dicho precepto, la posibilidad de concederle medidas alternativas a la privación preventiva de libertad, lo cual no es más que una innegable violación d derechos humanos para este imputado, cuya inocencia se presume. Lo mismo hicieron con los empresarios larenses, Neif Antonio Gebran Frangie y Rodolfo Raschid Velasco Kassem, que llevan más de TRES (03) AÑOS esperando la celebración de la Audiencia Preliminar, con el agravante de que el tribunal dejó en libertad a la persona con quien los vinculan en el delito de legitimación de capitales, y a quienes junto a Salame le fueron conculcados los derechos a la Dignidad e intangibilidad abusiva o arbitraria del domicilio, los Derechos de los niños, el Derecho a la Propiedad Privada, el Derecho de Residencia, el Derecho a la Protección Judicial y el Derecho a la Igualdad ante la Ley, previstos en la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José).
Mayor gravedad reviste el caso de las ciudadanas Jalousie Fondacci de Gamarra y Solange Del Valle Álvarez de Rendón, víctimas de un fraude procesal urdido por los fiscales del Ministerio Público Jesús José Capote y Jimmy Goite Blanco, irregularidad demostrada por sus abogados defensores por ante las instancias judiciales y fiscales pertinentes, no obstante continúan sujetas a una medida privativa de libertad a todas luces ilegal. Igual suerte corrieron en Apure el comisario Ángel Damaceno Barrios Ramos, así como Lewis Jesús Martínez, Uriel José Uzcategui y César Humberto Castillo, declarados inocentes y dejados en Libertad Plena por falta de elementos de convicción en su contra, no obstante, de modo ilógico el Ministerio Público aplicó efecto suspensivo a la sentencia.
El deber de garantía, que es la obligación del Estado venezolano de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, tal como lo ha declarado reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se encuentra contemplada en los artículos 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una majadería revolucionaria devenida en la ojeriza que afecta por igual a todos los venezolanos. Así que esperar una semana más por una sentencia, poca relevancia tiene cuando es evidente que el respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito nacional es una quimera.
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