Cuando militares y policías lanzaron el mes pasado una operación al amanecer en el barrio Brisas del Hipódromo, de residentes de escasos recursos, detuvieron a centenares de hombres sin presentar órdenes de aprehensión al tiempo que utilizaron maquinaria pesada para destruir cientos de precarias viviendas.
El Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, que puso en marcha una campaña de seguridad de largo alcance en julio donde han muerto decenas de presuntos delincuentes, dijo que la operación del 17 de agosto en el barrio Brisas del Hipódromo de la ciudad de Valencia pretendía acabar con grupos de paramilitares colombianos de extrema derecha.
Los residentes, que niegan enfáticamente los vínculos con el crimen organizado o el tráfico de drogas, regresaron a la zona y construyeron casas improvisadas a partir de los restos de sus hogares. Pero esas endebles estructuras también fueron derribadas en una nueva operación el pasado jueves.
“Ocho años tengo yo aquí viviendo. Lo último que tenía en el banco lo gasté aquí para vivir más o menos, pero ahora estoy viviendo peor que los perros”, dijo Ángela Holguín, de 56 años, quien tras volver de una cirugía, descubrió que su casa había sido aplanada.
“No logro comprender qué estamos pagando”, agregó, de pie cerca de los escombros de una destruida iglesia.
En la más reciente campaña de seguridad lanzada por el Gobierno, las autoridades han detenido a miles de ciudadanos, allanado hogares y destruido propiedad privada sin las órdenes judiciales que establece la ley, según grupos no gubernamentales de derechos humanos y residentes.
Activistas dicen que han recibido decenas de denuncias de detenciones masivas de ciudadanos sin vínculos criminales, tratos denigrantes por parte de las autoridades y robo de propiedad personal durante el desarrollo de la llamada “Operación Liberación del Pueblo”, u “OLP” que comenzó en julio.
Cincuenta y dos personas murieron por resistirse al arresto durante el primer mes de la operación, de acuerdo al Gobierno, que sin embargo no ha reportado ninguna baja policial, lo que según los grupos de derechos humanos es un patrón que podría indicar ejecuciones ilegales.
La campaña incluyó la deportación de cientos de colombianos que viven cerca de la frontera, lo que atrajo la atención mundial el mes pasado cuando los inmigrantes regresaron a su país cargando sus pertenencias en la espalda.
El Ministerio del Interior y Justicia no respondió a las preguntas acerca de las OLP.
El Defensor del Pueblo Tarek William Saab, el principal encargado del Estado para la defensa de los derechos humanos, no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico.
En declaraciones a los medios locales, Saab ha reconocido los “excesos policiales” y la detención de un número innecesario de personas, pero ha apoyado ampliamente el operativo.
DEBIDO PROCESO
Maduro ha rechazado las críticas de grupos de derechos humanos calificándolas como sabotaje de sus adversarios políticos; y ha prometido que el operativo mejorará la seguridad en Venezuela, que según Naciones Unidas tenía la segunda mayor tasa de homicidios del mundo en 2012.
Las OLP no incluyen la presencia policial permanente en las zonas y no permiten el acceso de la prensa. Aun así, hasta ahora no han generado quejas generalizadas y han sido aplaudidas por los simpatizantes del gobierno.
Pero residentes que compartieron su testimonio con Reuters en Valencia, Caracas y el estado fronterizo de Zulia dijeron que las operaciones en sus comunidades estuvieron signadas por el uso desproporcionado de la fuerza y ??carecer de debido proceso.
Algunos soldados golpearon a mujeres embarazadas y robaron pertenencias en el barrio Cota 905 de Caracas, donde se produjo una de las primeras OLP, dijo una líder de la comunidad.
“Se supone que es un operativo de seguridad, no deberían agredir las personas”, dijo en una entrevista telefónica Lisney Bermúdez, de 43 años, enfermera y líder de la comunidad que fue testigo de la operación.
La organización de defensa de los derechos humanos Provea dijo que 4.021 personas fueron detenidas durante el primer mes de las redadas, pero que menos del 10 por ciento en realidad estaban acusados ??de delitos, en lo que el grupo identifica como un indicio de arrestos indiscriminados.
En un comunicado del 17 de agosto sobre la operación en Brisas del Hipódromo, el Ministerio del Interior dijo que seis personas con antecedentes penales pendientes, entre ellos dos buscados por homicidio, fueron arrestados como parte de un esfuerzo más amplio para capturar a presuntos paramilitares. Reuters