Carolina Sabino, una reconocida actriz y cantante colombiana de 38 años, se ha mostrado sorprendida al enterarse por lo medios locales que la Fiscalía colombiana, en una polémica decisión, le imputará cargos por un supuesto aborto ilegal. Su caso ha salido a la luz, luego de que ese organismo interceptó una conversación telefónica que Sabino sostuvo con su hermana, la también actriz Lina Luna, expareja de unhacker condenado en abril pasado a 10 años de prisión por espiar a los negociadores del proceso de paz con las FARC.
La llamada, de julio de 2014, se conoció en medio de la investigación que la Fiscalía adelantaba contra el hacker y por lo que Luna era interceptada. En ella, al parecer, Sabino le cuenta a Luna que está en estado de embarazo, lo que la preocupa por lo que eso significaría para su futuro laboral. Luego, habría interrumpido el embarazo de manera voluntaria.
La actriz, rápidamente ha sacado un comunicado en su cuenta en Twitter donde asegura que le sorprende que “un episodio tan personal y doloroso sea expuesto a la ciudadanía”. También dice que han violado sus derechos. “Esto no solo ha violado mi intimidad, sino que ha atacado mi dignidad y mis derechos como mujer, como persona y como ciudadana”, escribió.
En Colombia, las mujeres pueden interrumpir el embarazo en caso de que represente un riesgo para su salud, malformación del feto y violación. Para la Fiscalía, el caso de Sabino no serían estos. Sin embargo, defensoras de lo derechos de las mujeres como la abogada Mónica Roa, quien hace casi 10 años fue la que logró que en Colombia se despenalizara el aborto en los tres casos ya mencionados, asegura que es inaceptable que la “gran desinformación” que hay sobre el derecho a optar por una interrupción del embarazo, especialmente cuando está en riesgo la salud mental, que sería el caso de Sabino, lleve a que todo esto ocurra. “En lugar de existir garantías para ejercer este derecho reconocido por la Corte Constitucional, las mujeres que acuden al aborto legal siguen arriesgándose a que la fiscalía o la procuraduría las acosen con procesos jurídicos en su contra”, dijo Roa a EL PAÍS.
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