Una tras otra, y de manera cada vez más atropellada, llegan de Venezuela señales de que la revolución bolivariana está decidida a despojarse de sus ropajes democráticos
Esta semana se produjeron varias, siendo la más visible la condena de 13 años y nueve meses de prisión al líder opositor Leopoldo López, tras un juicio plagado de irregularidades y duramente criticado. La Unión Europea ha recalcado que los acusados –López y cuatro estudiantes– no gozaron de “las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal”, mientras que la ONG Human Rights Watch, por medio de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, planteó que la condena se produjo luego de “un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”. En el mismo pronunciamiento, ha recordado cómo los miembros del Tribunal Supremo de este país “han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del Gobierno”.
Y hubo más. La decisión de declarar inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó al Gobierno devolverle la frecuencia al canal Radio Caracas Televisión (RCTV), sirvió para recordar que uno de los grandes logros de estos 16 años de gobierno del chavismo ha sido la asfixia de los medios que no comulgan con el régimen. Todo esto, mientras subía el tono de los pronunciamientos de Nicolás Maduro contra el Gobierno colombiano luego de decidir cerrar también el paso fronterizo de Paraguachón. El mandatario se pronunció en unos términos que marcan nuevos hitos negativos en la historia de la relación binacional y, en general, de la diplomacia en el planeta, lanzando dardos contra distintos blancos, entre ellos los medios de comunicación colombianos, a los que, entre otros epítetos, calificó de terroristas y mentirosos.
Una opinión que necesariamente debe ser leída a la luz de lo expresado por la Corte Interamericana en su pronunciamiento frente al caso de RCTV. El tribunal es claro en que el Estado venezolano, al no renovarle la concesión a dicho canal, buscaba no solo “alinear editorialmente al medio de comunicación con el Gobierno”, sino también acallar las críticas en contra suya, que por este canal se difundían. “Las cuales se constituyen, junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.
Para enriquecer el contexto se puede citar el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la libertad de prensa en el país vecino. Este da cuenta de la manera como es “criminalizada y judicializada toda forma de expresión social y política disidente, sea de periodistas, de dirigentes vecinales, estudiantiles o políticos”. Luego añade: “La propaganda oficial proselitista copa los horarios estelares de la programación radial y televisiva; genera, a través de repetidas cadenas oficiales o presidenciales, un efectivo blackout informativo”.
Estas son, pues, las credenciales de Caracas para hacer juicios de valor sobre la forma como la prensa colombiana desempeña su labor. Pontifican sus funcionarios al respecto y hacen señalamientos temerarios e infundados los miembros de un gobierno que se ha inclinado por una definición de libertad de prensa que en nada coincide con la de los Estados que han optado, con altas y bajas, por supuesto, por la democracia liberal. Esta se basa, nunca sobra recordarlo, en el pluralismo y la certeza de que la prensa libre es una viga estructural de la democracia.
El paradigma bolivariano, en cambio, es aquel propio de los regímenes totalitarios, como el de Corea del Norte, en el que solo pueden circular la información y la opinión que cuentan con el aval gubernamental. Un lamentable escenario, hacia el cual también avanza, por camino diferente, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, el cual, a todo el arsenal legal para censurar la prensa, le sumó esta semana la decisión, tomada luego de un proceso administrativo relámpago, de cerrar la ONG Fundamedios, primordial en el apoyo a la libertad de prensa.
Todo esto, y en particular lo de Venezuela, debe preocupar a Colombia. El tono que esta semana tuvieron las declaraciones de Maduro y su canciller, Delcy Rodríguez, en el marco de la crisis por el cierre de los pasos fronterizos, es otro indicador del rumbo que ha tomado Caracas. Apelar a enemigos externos y atizar el sentimiento nacionalista entre la población, mediante discursos acalorados plagados de adjetivos y carentes de sustento, es una fórmula harto conocida en la historia de los regímenes de este corte, sobre todo cuando asoman dificultades serias.
Firmeza, prudente distancia y apego a la diplomacia es lo que le corresponde al país ante el cuadro que hoy presenta la vecindad. Y un mensaje muy claro de que nuestros valores democráticos se mantendrán firmes, sin importar cuán fuertes sean los vientos.