En medio de la crisis económica que se expresa en el país con la escasez de alimentos, desabastecimiento de medicinas, el alto costo de vida y con desajustes financieros, el Gobierno nacional anunció la donación de más de 300 viviendas a la Mancomunidad de Dominica, lo que fue denunciado en voz del sub-secretario general del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), Alejandro Aguilera, como una política de “despilfarro en tiempos de crisis”. NP
El vocero del partido de Girasol expresó que el Gobierno venezolano desatiente las necesidades perentorias del pueblo nacional para beneficiar a otras naciones.
“Pretenden seguir con el juego de la petro-diplomacia cuando saben que la situación cambio. El precio del crudo se desplomó y la profundización de las condiciones económicas venezolanas no nos permiten continuar con el sistema de la chequera viajera”, indicó.
El eco-dirigente precisó que la solidaridad debe comenzar por casa y aseveró que “no se puede ser solidario con otros cuando internamente existe venezolanos que se acuestan con una sola comida al día”.
Aguilera señaló que en sectores populares venezolanos persisten comunidades sin asfaltado, sin servicio de agua, luz o gas directo y “a pesar de esto se sigue optando por regalar lo poco que nos queda”.
El vocero de los verdes llamó la atención de las autoridades nacionales y les exigió un “cese del despilfarro oficial”.
Para los ecológicos la agudización del deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es evidente, “no podemos continuar así, estamos creando con esta visión económica una nación de hambre”.
Alejandro Aguilera dijo que mientras el Gobierno nacional le regala más de 300 casas pre-fabricadas a Dominica, en Venezuela un trabajador promedio tiene que cancelar más de ocho mil bolívares por una lámina de zinc.
“Actualmente los más humildes tienen que hacer casas de palma o barro, porque los materiales de construcción están incomprables, lo que demuestra los niveles de indolencia de las autoridades”, subrayó.
Recalcó que la escasez de cemento, cabillas y demás materiales es responsabilidad del Estado debido a que las empresas fabricantes son propiedad estadal y administradas por el “Gobierno madurista”.
Aguilera llamó a los representantes gubernamentales a revisar sus prioridades.