El próximo 6 de Diciembre habrá elecciones parlamentarias. Este hecho, que pareciera un evento normal en cualquier democracia, ha adquirido en Venezuela unos ribetes históricos y se ha cargado de una trascendencia determinante para el futuro del país. En primer lugar por la grave crisis económica y social que atraviesa la República, una crisis cuya característica central es que afecta transversalmente todas las áreas del quehacer diario y todos los estratos sociales sufren sus consecuencias; y, en segundo lugar, por la crisis institucional y política a la que asistimos, cuyo rasgo definitorio es la ausencia de separación de poderes, la inexistencia de estado de derecho, la fragilidad del ciudadano ante el poder del Estado y la profunda desconfianza popular en la voluntad del actual gobierno para emprender los cambios necesarios que reconduzcan al país hacia mejores derroteros. Así, parecieran las elecciones parlamentarias la última esperanza de la sociedad para conducir pacíficamente una transición hacia un régimen político que ponga el acento en crear las condiciones sistémicas para que los ciudadanos tengan la oportunidad real de prosperar y construir su futuro como resultado del fruto del trabajo y el esfuerzo.
En este contexto, la labor de contraloría parlamentaria que realizamos desde esta tribuna, es opacada por la fuerza y la contundencia de la realidad: la democracia, como estadio superior de organización política y social, requiere la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y su imbricación con el tejido político, pero esto no es posible si la condición de ciudadano es reducida al mínimo, o invisibilizada como consecuencia de la crisis económica, social y política anteriormente descrita. Como resultado, tenemos una Asamblea Nacional desmaterializada, en tanto no cumple con su mandato constitucional de deliberar, legislar ni controlar la gestión de los funcionarios del resto de los poderes; y una ciudadanía en su mayoría desvinculada en tanto sus problemas cotidianos le absorben inexorablemente.
Desde Súmate y a través de esta labor de contraloría hemos observado como, con un desparpajo realmente alucinante, el actual Parlamento legisló menos que el Ejecutivo Nacional, no debatió los principales problemas del país, no interpeló ningún funcionario del Poder Ejecutivo y en contraposición se dedicó a allanar la inmunidad a parlamentarios de oposición, a perseguir y reprender la disidencia y a aprobar créditos adicionales que duplican el presupuesto nacional, entre otras calamidades. Es éste el principal reto que debe enfrentar la próxima Asamblea Nacional: recuperar sus funciones constitucionales y ejercerlas efectivamente para encabezar el proceso de reinstitucionalización del país.
No obstante, hay diversos escenarios que se desprenden del análisis del contexto de crisis actual, de los resultados esperados y de la proyección de la crisis futura. Aunque existe amplio consenso en que la popularidad de la opción electoral oficialista se ha desplomado en los últimos meses y en que las personas responsabilizan al gobierno de la actual crisis económica y social, es necesario recordar que el sistema electoral venezolano sobre representa las opciones políticas con mayor apoyo en las áreas rurales y que el resultado global de los votos no necesariamente se va a corresponder en términos proporcionales con la representación de los diputados. Asimismo, también es muy importante comprender que las condiciones sociopolíticas de las 114 elecciones diferentes que tendrán lugar el 6 de diciembre, abren un abanico de posibles resultados electorales cuyo denominador común es que los representantes electos tendrán la responsabilidad de reivindicar la esperanza que despiertan las elecciones en los ciudadanos, resguardar el espíritu democrático de los venezolanos y contribuir en la construcción de escenarios de diálogo social y político franco, así como de respeto al pacto de convivencia.
Tanto en los escenarios de esquina como en los distintos matices que podrían resultar: en una Asamblea Nacional en algún grado controlada por el oficialismo, como en una Asamblea Nacional controlada en mayor o menor medida por la disidencia, asistiremos a alguno de los escenarios respectivos: a) la ilegitimidad de una victoria absoluta o relativa del oficialismo, que indudablemente va a ser cuestionada; b) el enfrentamiento de poderes entre un Poder Judicial controlado por el Ejecutivo Nacional, y en especial la sala Constitucional, y un Poder Legislativo de oposición intentando recobrar su beligerancia en el marco de sus derechos y funciones constitucionales.
Esto quiere decir que en enero 2016, asistiremos a un escenario del cual han de surgir las bases para la Venezuela del futuro. La paz dependerá de la fortaleza con la que los ciudadanos enfrentemos los retos por venir y del espíritu democrático de los diversos actores que forman parte de la sociedad venezolana. Nuestro reto y compromiso ciudadano es participar, asumiendo la responsabilidad que nos ha sido asignada, sea como miembro de mesa o testigo, o como activista político de alguna de las opciones, o simplemente como elector, para desde cada parcela pueda contribuir con el fin de que las elecciones sean lo que espera la mayoría: un mecanismo pacífico de expresión democrática y la única vía para emprender un sendero de progreso y bienestar para todos.
No obstante, en una sociedad como la que vivimos, los altos niveles de incertidumbre causados por las cada vez más y mayores turbulencias económicas y sociales, obligan tanto a los individuos como a las instituciones a repensarse para obtener mayor capacidad de respuesta. Es por ello que después del 6 de Diciembre y sobre todo durante el próximo año 2016, el compromiso que debe asumir tanto los representantes electos por la Mesa de la Unidad Democrática como los del PSUV que van a conformar la nueva Asamblea Nacional, es obligarse a construir una relación más cercana con los ciudadanos, basada en la democracia y la institucionalización como premisas normativas para fundar una propuesta de futuro para Venezuela. Es el aporte que hacemos desde estas líneas, no existe una receta para los tiempos agitados porvenir, por el contrario, sólo podremos superar la crisis en paz si administramos la transición con humildad, con responsabilidad ante las realidades de las mayorías y con la flexibilidad necesaria para amoldarse a las distensiones del entorno, porque la manera como las decisiones políticas, deben interrelacionarse con los contextos sociales ha de ser análoga a la manera como se confronta el agua con la topografía: se adapta a sus irregularidades y por ello es capaz de alterarla.
Publicado originalmente en Súmate Monitor Parlamentario