Nicolás Maduro anunció ayer la compra de al menos 12 aviones caza Sukhoi, que tienen un costo estimado 42 millones de dólares cada uno. Un total de 13 (12 + 1 en reposición) de esos aparatos, que comprometerían unos 542 millones de dólares del presupuesto público, en momentos que el país se debate, por la escasez de divisas, entre continuar honrando la deuda financiera con la banca internacional o traer más alimentos y medicinas para el pueblo venezolano.
El mecanismo de los perros de la guerra
Es fácilmente detectable los pasos que usan los vendedores de armas de guerra y accesorios y sus intermediarios, para crear las condiciones idóneas que disparen de los países pobres y sin instituciones contraloras, compras masivas de armamentos. Primero, se crea alguna tensión con algún “enemigo” externo o interno. Con Hugo Chávez sucedió en al menos cuatro oportunidades, que justificaron la gigantesca compra de armamento a España, Rusia, China, Irán y Bielorrusia.
En el caso actual se tensaron las relaciones con Colombia cuando el 22 de julio de 2013, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro sostuvieron una reunión privada en Puerto Ayacucho, luego que Maduro le reclamara a Santos el haber recibido a Henrique Capriles luego que éste perdiera las elecciones presidenciales y denunciara fraude, y en momentos que José Vicente Rangel denunciara un supuesto plan de golpe de estado por parte de la oposición venezolana que contaría con 5 aviones militares artillados en bases militares de EE.UU. en Colombia.
Si bien en este caso, la tensión no llevó a un escalamiento inmediato, la tensión se reavivó en febrero de este año cuando Maduro acusó a Colombia de cohonestar una guerra mediática de la “prensa burguesa” de Colombia en la cual el presidente Santos tendría intereses comerciales.
Juan Manuel Santos procuró mantener en buenos términos las relaciones con Venezuela, y el 3 de marzo declaró que pediría a EE.UU. suspender extradiciones a las FARC, dentro de las negociaciones de paz con la guerrilla, donde Venezuela es garante del proceso. Luego el 6 de mayo, Santos firma la extradicción a Venezuela de Leiver Padilla Mendoza, “alias El Colombia”, el supuesto asesino del diputado Robert Serra.
Sin embargo, el 24 de junio, EEUU solicita a Colombia la extradicción de 25 narcos colombianos, a lo cual Santos ha venido firmado al menos unas 5 extradicciones en los últimos 2 meses, algunos de ellos con comprobadas actividades en Venezuela. En el año 2010, con el caso del narco Walid Makled, solicitado por Venezuela y EEUU, que Santos finalmente envió a Caracas, el entonces presidente Chávez argumentó sobre la solicitud de EEUU que “Washington quiere usarlo para que vomite toda clase de acusaciones contra la Revolución Bolivariana, contra su liderazgo político y militar, y así incluir a Venezuela en la lista negra de países que apoyan al narcotráfico“. y agregó que “La canalla mediática, nacional e internacional, ha venido posicionando la imagen de Venezuela como un Estado delincuente, obedeciendo a la estrategia imperial de crear las condiciones para una intervención militar“. Desde entonces, hasta estas extradicciones recientes, el gobierno de Maduro no se habría visto amenazado con el envío de narcos a las fiscalías de EE.UU. “Las extradicciones recientes podrían haber terminado con la luna de miel” dijo a lapatilla.com una fuente en Colombia.
De manera sorpresiva, y justificándolo en el tiroteo por parte de pistoleros de 2 oficiales y un suboficial de la FANB, caso que no ha sido a la fecha resuelto policialmente, Nicolás Maduro ordena el 19 de agosto el cierre de la frontera y declara estado de excepción en algunos municipios fronterizos de Táchira con Colombia. Era la oportunidad de oro de los perros de la guerra.
Previamente, el 8 de julio, en la embajada de Venezuela en Moscú, se daba una reunión entre Representantes del Gobierno de Venezuela y de la corporación estatal rusa Rosoboronexport para “revisar el estado de los convenios de cooperación técnico militar y la marcha los proyectos en este ámbito”. En el encuentro participaron el embajador de Venezuela Federación de Rusia, mayor general (Ejército. Retirado), Juan Vicente Paredes Torrealba; el agregado de Defensa, general de brigada (Ejército) Carlos Pestano Martín; el agregado Militar Aéreo, general de brigada (Aviación) Miguel Sisco Mora; y el ministro consejero de la Embajada, José Escalona Briceño. Por su parte, Rosoboronexport estuvo representada por su vicepresidente, Serguei Goreslavsky, y por el asistente a la vicepresidencia, Vladimir Born.
El detonante
El 13 de abril, el director general de la exportadora rusa de material bélico Rosoboronexport, Anatoli Isaikin en entrevista al diario Kommersant declaró que “Creo que los acontecimientos políticos en Venezuela tienen escasa repercusión en la cooperación militar técnica, es la situación económica lo que influye en mayor grado. Si (los venezolanos) la superan, seguiremos cooperando aunque ya no habrá volúmenes de antes“.
El jueves 17 de septiembre se estrelló un avión caza Sukhoi-30 de la Fuerza Aérea Venezolana mientras realizaba una acción de intercepción de una “aeronave ilícita” que habría ingresado al espacio aéreo venezolano desde la “región noroccidental” del país con rumbo al sur “hacia el límite fronterizo con la República de Colombia” según un comunicado del Ministerio de la Defensa de Venezuela.
Sobre el confuso y opaco incidente, el gobierno de Maduro ordenó el 18 de septiembre la “inmediata activación de la junta investigadora de accidentes aéreos con el objeto de determinar las posibles causas que originaron el siniestro”
Sin esperar siquiera el primer informe de la junta investigadora, ayer 20 de septiembre Maduro anunció la compra de 13 aviones de guerra rusos. “Y vamos a conversar inmediatamente con el presidente Vladimir Putin para traer a Venezuela por lo menos 12 nuevos Sukhois”
Los intermediarios de la muerte siempre lo logran: tensión, estado de emergencia, incidente, compra sin licitación, por adjudicación directa y de manera inmediata.
Lo injustificable
El 7 de abril de 2014, la entonces ministra de defensa Carmen Meléndez Rivas, en declaraciones reseñadas por el canal privado Venevisión, aseguró que Venezuela tenía la intención de adquirir 12 aviones Sukhois, aunque la ministra no precisó el modelo que estaba en consideración. Eran otros tiempos, y el petróleo se cotizaba encima de los 90 dólares el barril.
Hoy la Aviación Militar Venezolana cuenta con 23 cazas Sukhois, 12 cazas F16, 15 cazas K-8VV, 12 aviones de ataque ligero Embraer Tucano, 12 aviones de ataque ligero Aermacchi SF.260, La aviación del Ejército tiene 10 helicópteros de ataque MI35, 19 helicópteros de asalto Bell 412 EP, además de radares, cañones antiaéreos, lanza misiles, etc. En fin, un verdadero y costoso arsenal de maquinarias de guerra para hacerle frente exitosamente al narcotráfico.
La vieja negociación por 12 Sukhois adicionales, que había quedado latente, obtuvo de nuevo una nueva oportunidad.
También los perros de la guerra asiáticos se frotan las manos. Maduro agregó que “(…) y para cerrar las negociaciones que venimos haciendo con la República Popular China, también para un conjunto de equipos militares para la defensa del país”
En 1988, José Vicente Rangel, entonces periodista de investigación publica su libro “Los Perros de la Guerra y el Secreto Militar en Venezuela: El Derecho a la denuncia” que es una relación cronológica que simula un expediente acusador contra el autoritarismo y contra turbias negociaciones. Eran los tiempos de la presidencia de Jaime Lusinchi.
Escribió JVR en ese libro “Por parte del mundo oficial hay dos actitudes frente a la denuncia: una, apabullar, aplastar al denunciante, descalificarlo, atemorizarlo, decirle usted es un desestabilizador, usted es un conspirador, usted es un sedicioso y la otra es presente pruebas.Y, como se comprenderá, la prueba es muy difícil porque un periodista actúa sobre la base de las informaciones, de datos que tiene, pero lo que es la prueba procesal, la prueba plena que se procesa ante la administración de justicia, es bastante complicada poseerla y realizarla. Además, para eso están los organismos de investigación, los organismos policiales. Es verdaderamente absurdo que se pretenda pedirle a un periodista que hace determinada denuncia, o a un parlamentario que hace una denuncia, que presente todas las pruebas que pueda para avalar aquella denuncia”
Hoy tenemos el caso del anuncio de una oscura e injustificada compra militar. Esta también es una denuncia periodística (lapatilla.com)