Al día de hoy, un mes después, vemos la estrategia con mayor claridad y entendemos que primero el Gobierno busca alterar la tendencia clara que el electorado demuestra en todas las encuestas respecto a estas elecciones, en las que la oposición luce ganadora de manera aplastante; y si no lo logra, pues entonces habrá construido con este esquema un escenario ideal para profundizar la crisis y aducir que no pueden realizarse elecciones. Esto último no se haría suspendiendo el derecho al sufragio (el cual ciertamente es de los que no se puede suspender al igual que la vida y la integridad física), sino creando una situación de conmoción nacional que haga materialmente imposible o muy díficil celebrar los comicios.
Tenemos claro también que el Gobierno no busca a estas alturas ganar la mayoría de los votos, lo cual es ya prácticamente imposible de alcanzar. Con ventajas para la oposición que oscilan entre los 25 y 40 puntos, según la encuesta que se examine, el Régimen entiende que esta tendencia es irreversible, por lo que sus esfuerzos por ahora están concentrados en obtener la mayor cantidad posible de diputados con la menor cantidad de votos. Es decir, buscan la maximización del esquema que les funcionó en 2010, cuando obtuvieron casi 60% de los diputados con apenas 48% de los votos.
En función de ese objetivo, el CNE, entre otras cosas, manipuló nuevamente los circuitos, esta vez sobre la base de variantes poblacionales fraudulentas, con lo cual alteró el número de diputados a elegir en diferentes zonas del país para beneficiar al PSUV, de acuerdo a la votación histórica que éste ha obtenido. Además, todo el sistema está concebido para que el oficialismo obtenga casi la totalidad de los diputados en un grupo de estados de baja densidad poblacional, que en la práctica significa que se logra un número relevante de diputados con pocos votos.
Por supuesto, la realidad ahora es otra y el Gobierno sabe que ya no hay ningún estado donde pueda doblar a la oposición, y además hay decenas de circuitos que antes ganaba, pero que ahora ganará la alternativa democrática. Pero precisamente por eso, es que jugadas desesperadas como esta de los decretos de Estados de Excepción por 60 días “prorrogables” por otros 60 días, entran en acción para tratar de cambiar las cosas a su favor en las primeras de cambio y, si no lo logran, entonces justificar la suspensión de la elección a última hora, creando una situación de alta tensión en todo el país.
En este punto muchos lectores se estarán preguntando ¿cómo se influye en las elecciones mediante un Estado de Excepción? La respuesta a eso es que si bien el derecho al sufragio como tal es de los que no se pueden suspender, otros derechos como el del libre tránsito, las reuniones y la manifestación ya están suspendidos en 23 Municipios pertenecientes a tres estados, y casi seguro en los próximos días la medida se extenderá a los estados Amazonas y Bolívar. Esta situación, como es fácil de entender, afectará de manera sensible el desarrollo de la campaña y por lo tanto puede influir en el resultado.
En otras palabras, lo que el Gobierno busca es que mientras el PSUV pueda hacer proselitismo político a sus anchas, incluso apoyado por las FANB, la oposición, por el contrario, no pueda hacer caravanas, mítines, asambleas, “volanteos”, reuniones, etc. En concreto se trata, pues, de una nueva y aberrante herramienta de burdo ventajismo electoral.
Por último, queremos dejar claro que nuestro llamado es a votar. Lo aquí dicho tiene como única intención crear conciencia y manejar escenarios. Desde la Unidad debemos asumir la tarea no sólo de organizar, movilizar y cuidar votos, sino también de enfrentar desde ya este tipo de jugadas retorcidas que nos ponen al borde de situaciones tanto indeseables como inaceptables.
*Diputado al Consejo Legislativo de Miranda, Prof. UCV y Directivo del CPFC
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