El sistema de captahuellas se interconectó en las principales cadenas de supermercados públicos y privados y en las redes de farmacias durante este mes. La huella del consumidor es cotejada con la base de datos del Consejo Nacional Electoral para validar su identidad antes de que pueda adquirir cualquier tipo de producto, por el contrario a lo que había anunciado el ministro de Alimentación, Carlos Osorio. El funcionario afirmó que solo aplicaría para 23 artículos regulados, publica El Nacional.
Dulce María Rodríguez
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El sistema implementado permite el bloqueo de las “compras excesivas” a través de la interconexión del sistema de facturación, proceso que se ha extendido desde las tres redes públicas –Pdval, Mercal y Bicentenario– hasta las cinco cadenas de supermercados privados Makro, Excelsior Gamma, Unicasa, Plaza’s y Luvebras. En Central Madeirense está siendo instalado y será en los próximos días cuando comience a funcionar, informó el gerente de la sucursal de Los Ruices. La interconexión del sistema incluye a Farmatodo y Locatel.
En un recorrido por varios establecimientos se constató que el consumidor debe repetir el proceso de colocación de huellas del pulgar o índice derecho e izquierdo en cada uno de los comercios, después de la presentación de la cédula, para validar su identidad debido a que aplica para la compra de cualquier tipo de producto, que puede ser un refresco, una pintura de uñas o un kilo de harina de maíz.
De no hacerlo, aparece en la pantalla de la caja registradora: “Se requiere validación con captahuellas”, y no se puede facturar la compra.
Tomás Socias, analista económico y fundador de la Cámara Venezolana de Alimentos, sostuvo que aplicar el sistema biométrico para todos los artículos traba el proceso de facturación de manera innecesaria y genera molestias y pérdida de tiempo al consumidor y al comerciante, debido a que las cajas se congestionan.
Señaló que la captahuellas es una herramienta que le sirve al gobierno para
validar que el usuario que hace la compra es el mismo que aparece en el documento de identidad que presenta.
Además, la interconexión permite llevar un registro de los compradores, así como regular la cantidad y frecuencia de las compras. “Conocen quién compró, cuántas veces adquirió un producto y cuáles fueron, con lo cual pueden determinar qué está bachaqueando”, dijo.
Si se detectan irregularidades en esta etapa del proceso, el consumidor puede quedar bloqueado, afirmó.
Pero también le permite al Ejecutivo, añadió, darle seguridad al consumidor. Socias indicó que de acuerdo con el análisis de varias encuestas realizadas entre los compradores en establecimientos públicos y privados, se encontró que 30% considera que con la medida el gobierno los protege y lucha contra el bachaqueo. El resto de los consultados rechaza la medida.
La cajera de un supermercado privado, en Los Palos Grandes, contó que el proceso de colocación de huellas entorpece su trabajo y retrasa el pago. “La facturación puede tardar 2 minutos, 10 minutos o más, depende del sistema. Las personas se molestan y nos agraden, pero la rapidez no depende de las cajeras”, expresó.
En otro establecimiento, en El Marqués, una consumidora de 74 años de edad discutía con la cajera porque no le permitía adquirir un producto adicional a los permitidos. “Allí hay bastante déjame llevar otra mija”, le decía.
La cajera le respondió que el sistema no se lo permitía y la señora, molesta comenzó a gritar que le llamaran al gerente. “No hay caja para los ancianos y estuve 2 horas en fila a mis 74 años y ahora no me dejan llevar 3 cremas dentales”, exclamó. Mientras, en la cola los compradores comenzaron a alterarse.
La cajera explicó que si el cliente intenta adquirir más de la cantidad permitida de un producto, aparece en la pantalla de la caja registradora: “Cantidad excedida” y no se puede facturar.
Las captahuellas comenzaron a funcionar en agosto de 2014 en las redes estatales y en mayo pasado el entonces superintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez, dijo que en julio estarían las máquinas en los locales privados. No obstante, fue en septiembre que se implementó la interconexión.
Indicó que una vez instaladas las máquinas, las personas tardarían solo 40 segundos en registrar sus datos personales y las huellas de los dos dedos índice. Sin embargo, el sistema no fluye con tal rapidez y los clientes permanecen por largo tiempo en las colas.
El superintendente informó, en esa oportunidad, que el gobierno importaría los equipos a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y los comerciantes deberían pagar 15.000 bolívares por cada una. Además, podrían financiarlo mediante los aportes que hacen por la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.
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