El gobierno regional de Cataluña denunció este martes como un “juicio político” la imputación judicial del presidente catalán, el independentista Artur Mas, por organizar la consulta simbólica sobre la independencia en noviembre de 2014, dijo su portavoz Neus Munté.
“Estamos ante un juicio político, ante la instrumentalización política de una querella que presentó la fiscalía general del Estado”, afirmó Munté, reafirmando su “plena convicción de que no se ha hecho nada ilegal”.
La fiscalía acusa a Mas de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la organización de esta consulta de 2014, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En ella, participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron por la independencia.
Este martes, el juez instructor citó a Mas a declarar el próximo 15 de octubre en esta causa, que podría acabar con su inhabilitación para asumir cargos públicos.
“Hay enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el gobierno español para querellarse contra una persona y un presidente escogido democráticamente (…) por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo”, añadió la portavoz en una rueda de prensa en Barcelona.
Esta imputación se produjo dos días después de que los partidos independentistas consiguieran una mayoría absoluta en el parlamento catalán (72 de 135 escaños) en las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito sobre la secesión.
Aunque no consiguieron rebasar el 50% de los sufragios, la coalición vencedora Junts pel Sí, en la que concurría Artur Mas, consideró estar legitimada para iniciar un proceso hacia la constitución en 2017 de una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.
Este proceso empezará con la constitución del nuevo parlamento regional, en un máximo de 20 días laborables después de los comicios, y la posterior elección del nuevo presidente regional, que deberá formar su gobierno.
Según Munté, esta citación judicial no va a “afectar para nada los pasos que hay que dar con toda la normalidad en las próximas semanas para poder constituir el parlamento (…) y para poder seguir con la hoja de ruta” hacia la independencia.
AFP