“La paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad”: Juan Pablo II
Muchos nos ponemos a sacar el concepto de justicia en forma culta e ilustrada del significado como tal. Es un derecho humano fundamental que el Estado como garante del poder de imperio que le ha sido conferido por los administrados, está en el deber de impartir. Por ello, cada nación desde la óptica del hecho social que le da origen a sus instituciones ha interpretado de distinta forma lo que debe entenderse por la justicia y la manera como la misma debe ser administrada. En nuestra Venezuela ese concepto la aplicamos en las leyes a los intereses de muchos que quieren imponer la justicia al estilo Robert Speer. Es por hoy me manda un caso conocido en el Estado Bolívar de las señoras Jalousie Fondacci De Gamarra Y Solángel Del Valle Álvarez De Rendón por la muerte del empresario Rubén Gamarra Sobenes. Quienes ellas han sufrido en carne propia el ajusticiamiento judicial de un falso positivo hecho por el ex Fiscal Sexagésimo Primero (61º) del Ministerio Público con competencia Plena a Nivel Nacional, Abogado Jesús José Capote. En compañía de la ciudadana Marlene López de Castro, Medico Patólogo, en su carácter de anatomopatólogo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del Estado Bolívar, por la cual se piensa en este caso hay intereses encontrados para tapar la verdad sobre la muerte de Rubén Gamarra.
Siguiendo de este caso lleno de actos de corrupción están a la vista, explanados, repetidos a lo largo del juicio, que de acuerdo al sentido común y las leyes del pensamiento (razonamientos: inductivos, deductivos e hipotéticos) son evidentes, y se pueden verificar en las mismas actas del expediente. No hay peor encubridor que aquel que se ciega, hace caso omiso ante la realidad de los hechos, incluso ante la realidad documental que aportan las actas del expediente.
En el caso concreto, las actas del expediente revelan una “investigación” ficticia que sólo pretendió inculpar a personas inocentes con la finalidad espuria de que los ex socios de Rubén Gamarra (Senen Torrealba Y Wilfredo Aguilar) se apoderaran del patrimonio de la sociedad mercantil Tecnicom 3000 C.A. y se sustrajeran del pago de las deudas que tenían con el difunto, para lo cual, no tuvieron mejor idea que diseñar un plan junto al ex Fiscal Sexagésimo Primero (61º) con competencia Plena a Nivel Nacional, Jesús José Capote, y su ex auxiliar Jimmy Goite, que actualmente lleva el control del caso en la continuación del juicio oral y público, que con su acto arbitrario, e ilegal modo de proceder, ha ocasionado un retardo procesal inaudito, causando que las justiciables estén detenidas, privadas ilegítimamente de su libertad, por más de siete (7) años. La argucia ideada por el Fiscal Nacional Jimmy Goite, capaz de engañar a los administradores de justicia y por consiguiente una denegación de justicia total a las justiciables, con su actitud ocasiona reposiciones inútiles en el proceso lo cual es contrario al debido proceso tan protegido por nuestra carta magna.
Con todo, en definitiva, todas estas acciones delictivas (creación y sostenimiento de una inconstitucional pretensión punitiva) la han cometido ex funcionarios públicos o funcionarios públicos del Estado Venezolano actualmente en funciones, lo cual implica que estamos ante la violación de Derechos Humanos que da lugar y dará lugar a las legítimas acciones judiciales –a nivel nacional e internacional- por parte de las agraviadas, porque el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia no lo será siempre de puro tinte y maquillaje, cuando de frente a sus funcionarios se violan los Derechos Y Garantías Constitucionales De Los Justiciables y el aparato del Estado pareciera estar al servicio de la injusticia y no de la solución pacífica y justa de los conflictos intersubjetivos.
En la actualidad, el síndrome del proceso fraudulento no estriba en curarlo por medio de la declaratoria de la inconstitucionalidad e ilegalidad de la pretensión punitiva, revelada con las pruebas documentales insertas en el mismo expediente que forjaron los transgresores originales, el quid ahora radica en que el Estado Venezolano conjure su acción y omisión delictivas contra las víctimas, porque los transgresores del pasado reciente han inficionado con sus intereses personales a los funcionarios públicos que actualmente detentan la competencia funcional y orgánica y que propugnan la inconstitucional e ilegal pretensión punitiva sin interrupción, sin solución de continuidad, por lo cual La Violación De Derechos Humanos Es Reiterada Y Reincidente A Cargo De Funcionarios Del Estado Venezolano.
Según como veo el caso no han podido ni pueden desaparecer o extraviar las actas del expediente que revelan y demuestran las acciones delictivas cometidas por el ex Fiscal Nacional Jesús José Capote, su ex Fiscal Jimmy Goite actualmente Fiscal 61º Nacional y la anatomopatólogo Marlene López de Castro. Estos funcionarios, durante el ejercicio de funciones que le había asignado -bajo juramento- el Estado Venezolano, han cometido fraude en perjuicio de personas inocentes y lo más grave del estado venezolano, quien les confió su responsabilidad de impartir justicia, aun cuando a sabiendas que tienen responsabilidad Penal, Civil Y Administrativa que se cierne sobre sus acciones y omisiones, porque pertenecen o han pertenecido a las filas de los funcionarios públicos del Estado Venezolano, bajo la tutela y control de la Administración Pública Descentralizada.
De todas estas confidencias sin investigar, denuncias de la anatomopatólogo Marlene López de Castro del fraude que está acostumbrada a realizar, como también de la decisión de la única Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui, de ocultar el fraude de adulteración de actas de juicio de la juez primero de juicio Evelyn Osuna Ruiz, ¿Por qué no se investigan a los Jueces, Fiscales y ex Fiscales del Ministerio Público como los auxiliares de justicia, incursos en delitos que revelan la violación de Derechos Humanos? Esas interrogantes me la hago también que el mismo el ex Fiscal Nacional Jesús José Capote, y el Fiscal 10º del Ministerio Público del estado Yaracuy, Esau Alejandro Jesús Alba Morales sobrino de la ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estela Morales preso por narcotráfico y extorsión (http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/9549606) son los autores de las violaciones derechos humanos del empresario yaracuyano Kamel Salame. Quienes ellos inventaron de poner antes la opinión publica que Kamel era narcotraficantes y después de una larga lucha para desmontar esa infamia salió la verdad a flote https://www.youtube.com/watch?v=uL97qIidvxw como también puede haber muchos casos de violaciones derechos humanos que nadie lo sabe aún cómo hoy saco a relucir con las señoras Jalousie Fondacci De Gamarra Y Solángel Del Valle Álvarez De Rendón víctimas de esta justicia venezolana.
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