Durante el gobierno de Hugo Chávez, aseguran expertos, hubo limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo ahora, con Nicolás Maduro al frente de la Presidencia de la República, se ha agudizado la persecución: alcanza a autoridades de medios, como es el caso de la demanda contra 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, así como a los ciudadanos, publica El Nacional.
“Estamos en presencia de un régimen de tolerancia represiva: ‘Te tolero en la medida en que no me resultes incómodo’. Criminaliza a los medios críticos que se meten con su gestión y transparentan lo mal que lo está haciendo, pero no lo hace en la medida en que se autocensuran”, señala Marcelino Bisbal, director del posgrado de Comunicación Social de la UCAB.
Advierte que en el país se ejerce “una criminalización selectiva” contra medios de comunicación y periodistas.
Marianengracia Chirinos, directora de libertades informativas de IPYS Venezuela, afirma: “En el gobierno de Maduro se han agudizado la criminalización y el discurso violento hacia el periodismo. Se abre un círculo de impunidad en la medida en que voceros del gobierno amenazan. Es muy grave en una sociedad democrática cuando un jefe de Estado o un alto funcionario promueve este tipo de discurso o comete la acción y expone a medios y a periodistas a acciones de otros grupos”.
Añade que entre las estrategias destacan la persecución penal y tributaria contra medios de comunicación independientes, así como situaciones alarmantes de seguimiento y vigilancia de periodistas.
Luisa Torrealba, coodinadora de IPYS e investigadora del Ininco, recuerda que algunos funcionarios han ejercido acciones penales contra medios que pueden implicar cárcel. “Esto atenta contra la normativas internacionales de los derechos humanos según las cuales no puede haber sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión, pero sí una responsabilidad ulterior que podría generar multas y establecer censura previa”, indica.
Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público, considera que existe “una política estatal de la persecución a los medios” que se afianza en elementos como la omisión de la Fiscalía a investigar los ataques a la libertad de expresión, los dictámenes judiciales “que aplican estándares que convienen al poder” y la negativa de la Asamblea Nacional a debatir sobre agresiones a periodistas, pero dispuesta a analizar y cuestionar la agenda mediática.
Los expertos manifiestan preocupación por la tendencia a responsabilizar a los comunicadores de las opiniones de la fuente. Chirinos destaca que “se está instaurando una sociedad de miedo en la que cada vez es más difícil denunciar los hechos. Esto se siente como periodista y como ciudadano”.
Coinciden en que la intimidación gubernamental ocasiona inhibición y autocensura que alcanza a las fuentes informativas. “La libertad de comunicar es hoy un concepto complejo, concurren en él cinco formas de la libertad: de código, de canal, de fuente, de contenidos y de públicos. La sociedad venezolana no disfruta a plenitud ninguna de estas libertades”, puntualiza Antonio Pasquali.