El Gobierno de EEUU anunció hoy un acuerdo de indemnización por 20.800 millones de dólares alcanzado entre la petrolera BP y los estados de Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas por la catástrofe medioambiental causada por el vertido de crudo en el Golfo de México en 2010.
EFE
La fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, anunció hoy esa indemnización, “la mayor de la historia” y superior al acuerdo inicial al que habían llegado en julio el Ejecutivo estadounidense y BP para que la petrolera abonará 18.700 millones de dólares.
Con esta decisión, se cierra el prolongado litigio por el derrame de petróleo que se produjo por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, que extraía crudo para BP del pozo Macondo, en la que fallecieron 11 personas, y vertió cerca de 5 millones de barriles a las aguas del golfo de México.
“Esta histórica resolución es una respuesta fuerte y apropiada para el peor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos”, destacó en una rueda de prensa Lynch, que al frente del Departamento de Justicia ha liderado los esfuerzos finales de las demandas civiles contra la petrolera británica.
La demanda civil contra BP fue interpuesta en diciembre de 2010 por Eric Holder, predecesor de Lynch.
Los cinco estados del Golfo de México que también demandaron de manera conjunta a la petrolera británica son Alabama, Luisiana, Misisipi, Florida y Texas, todos ellos afectados por la marea negra.
El acuerdo, presentado hoy en una corte de Nueva Orleans (Luisiana), establece que BP debe de pagar al Gobierno federal 5.500 millones de dólares en sanciones bajo la ley federal “Clean Water Act” (“Ley del Agua Limpia”), que serán destinados a las labores de reparación y restauración de los estados afectados en el Golfo.
Bajo la ley “Restore Act” (“Ley de recuperación”), que el Congreso aprobó en 2012 tras el derrame, el 80 % de esta indemnización de 5.500 millones de dólares se invertirá en proyectos para la restauración ambiental y la promoción del turismo en estos cinco estados, con especial atención en el sector del marisco, muy dañado tras la tragedia.
Asimismo, la petrolera británica pagará a los cinco estados y al Gobierno federal 8.100 millones de dólares por daños a recursos naturales y, además, abonará 700 millones de dólares para afrontar los daños naturales que puedan ser detectados en el futuro pero que no se conocen en el momento del acuerdo.
Dentro del pacto al que han llegado EE.UU. y BP, figura el pago de 600 millones de dólares para hacer frente a las reclamaciones de reembolso de los gastos de evaluación de daños federales debido al vertido de crudo en el Golfo de México.
Además, el acuerdo establece que la petrolera británica debe de abonar 4.900 millones de dólares a los cinco estados del Golfo de México y otros 1.000 millones para indemnizar a las entidades locales por los daños y perjuicios económicos que han sufrido como consecuencia del derrame.
En un comunicado remitido a Efe, el portavoz de BP, Geoff Morrell dijo que el acuerdo total anunciado hoy incluye cantidades que habían sido antes anunciadas por la compañía y “resuelve las responsabilidades de litigación más importantes que quedaban pendientes desde el trágico accidente”.
Ahora se abre un periodo de 60 días para que el Gobierno federal y los Gobiernos estatales mantengan encuentros públicos en la capital del país y en diferentes localidades del Golfo de México con los ciudadanos que todavía sufren las secuelas sociales y medioambientales que dejó el vertido.
Concluido este periodo de revisión pública, el 4 de diciembre de 2015, el Gobierno determinará si debe de buscar la aprobación de la corte de Nueva Orleans sobre el pacto al que ha llegado con BP.
El anuncio del acuerdo se produce después de que, en abril pasado, se cumpliera el quinto aniversario de la explosión de la plataforma que perforaba el pozo Macondo, que estuvo vertiendo crudo al golfo durante 87 días antes de que pudiera ser sellado.
El anterior gran derrame de petróleo en EE.UU. fue el provocado por el accidente del barco petrolero Exxon Valdez en la costa sur de Alaska en 1989, pero entonces el vertido no superó los 300.000 barriles.