México debe permitir que militares que fueron al menos testigos de los ataques a estudiantes que dejaron a 43 desaparecidos el año pasado, sean entrevistados por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lleva el caso, dijo el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Reuters
El Gobierno mexicano dio facilidades este año a un grupo de ex fiscales, en su mayoría extranjeros, que revisaron el caso de los estudiantes de magisterio desaparecidos y lanzaron el 6 de septiembre un informe que demolió la versión oficial de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en un basurero.
El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo acceso a todo el expediente del caso y entrevistó a detenidos y otros involucrados, pero el Gobierno se negó a que militares que estuvieron en la zona y tuvieron conocimiento del hecho, pero no intervinieron, fueran interrogados.
“Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI, incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del batallón número 27”, dijo el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein.
El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo esta semana en una entrevista que no permitirá que los soldados sean interrogados porque la ley mexicana no lo permite y porque, señaló, luego los querrían involucrar en el caso, uno de los más dramáticos en los largos años de violencia que ha vivido México.
El Alto Comisionado criticó lo que llamó “intolerancia” a las críticas frente a informes internacionales que han señalado, como la CIDH recientemente, que México vive una verdadera crisis de derechos humanos, con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales e impunidad en todo el país.
“En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado, todos queremos ayudar a México”, dijo el Alto Comisionado.