La Defensa del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, junto a su esposa, Mitzy Capriles, consignaron ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia un Documento emanado del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que recomienda la liberación inmediata de la Segunda Autoridad Civil más votada de nuestro país, por considerar que su “detención es arbitraria”.
Antes de dar la palabra a los abogados de la defensa, integrada por Omar Estacio, José Fernando Nuñez, Antonio Sierraalta, Jaime Martínez, Gabriel Arroyo y Fernando Gasiba, para que explicaran los detalles técnicos del documento, Mitzy Capriles de Ledezma indicó que la resolución detalla todas las irregularidades que se han cometido en el caso de la detención del alcalde capitalino.
“La declaración establece que a mi esposo se le violaron y se le siguen violando los estándares internacionales relativos al derecho a un juicio imparcial (…) Además establece ‘que es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la detención’ (…) Quisiera insistir en la expresión ‘imposible de justificar’ empleada en la normativa de las Naciones Unidas para calificar detenciones como la ejecutada contra Antonio Ledezma”, dijo su esposa.
Agregó que continuarán con las acciones pertinentes para hacer valer dicha resolución. “En nombre de mi familia y de mi esposo, pero sobre todo en nombre de los venezolanos que militamos en la democracia, la paz y la libertad, quiero agradecerles a los defensores y medios de comunicación por acompañarnos una vez más en la lucha que libramos por nuestros presos políticos”.
Por su parte, el abogado Omar Estacio resaltó que la resolución que hoy consignaron, es el resultado de seis meses de investigación durante los cuales las instancias técnicas de NNUU constataron que a Antonio Ledezma se le detuvo sin orden judicial previa, que no está siendo juzgado por sus jueces naturales, que los fiscales y jueces que han actuado hasta ahora son provisorios y que han estado sujetos a presiones políticas.
“Tal como ha venido denunciando la defensa, el grupo de trabajo constató, que los fiscales y jueces han contravenido alrededor de 80 precedentes judiciales (…) Es muy elocuente que tales irregularidades recogidas en la resolución condujeran a considerar el caso de Antonio Ledezma dentro de la categoría UNO de las detenciones arbitrarias. Las tres categorías para calificar la detención arbitraria contra Ledezma son graves. Pero la UNO es particularmente elocuente, porque configura cuando es ‘evidentemente imposible, invocar base legal alguna, para una detención’”, recalcó Estacio.
La resolución también señala, que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comprobó la manipulación de las supuestas evidencias con el único objeto de estigmatizar al acusado, lo que a juicio del equipo de defensa de Antonio Ledezma “constituye una condena anticipada y previa a la apertura del juicio”.
De igual forma, la instancia internacional tachó de “alarmante la ausencia de independencia y autonomía del Poder Judicial, así como la del Ministerio Público”. Lamentó que el Gobierno hasta ahora no haya emitido alguna respuesta en vista de la comunicación del Grupo de Trabajo y mucho menos aportado información que ofreciera elementos sobre los hechos imputables al Alcalde.
Dado el contundente resultado del informe del Grupo de las Naciones Unidas y su carácter obligante para el Estado Venezolano, la familia y los abogados solicitan que se dé cumplimiento a lo establecido en la resolución y que Antonio Ledezma, próximo a cumplir 8 meses de injusta detención, sea puesto en libertad y se le establezca una reparación justa, integral y adecuada.
El abogado Estacio destacó dos elementos fundamentales señalados por la resolución, el primero, que al constatarse la intervención por parte de altos funcionarios públicos en el proceso contra Antonio Ledezma, el Grupo de Trabajo remitió la Información a la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, a fin de que se abra otra causa contra el Estado Venezolano.
En segundo término “el Grupo de Trabajo de NNUU constató la existencia de un ‘patrón sistemático de detenciones arbitrarias en Venezuela’ por razones políticas, lo que puede significar el primer paso hacia la apertura masiva de procesos por delitos de Lesa Humanidad, los cuales no prescriben, ante la Corte Penal Internacional contra quienes figuren como ejecutores”, puntualizó.
Al Tribunal Supremo de Justicia también acudieron a acompañar a los abogados y la familia de Antonio Ledezma, la Alcaldesa Metropolitana encargada, Helen Fernández, concejales y diputados de la Asamblea Nacional, junto a miembros de la sociedad civil.
Cabe destacar que no hay un tiempo establecido para dar una respuesta acerca de esta nueva solicitud. Sin embargo, los abogados aclararon que el período establecido en el Código Orgánico plantea tres días. “El Código Orgnánico de Procedimiento Civil establece tres días, en todo caso no hay elementos para obligar al cumplimiento de la misma, pero se trata de la Ética, que es uno de los valores fundamentales incorporado en el artículo 2 de la Constitución Nacional”.