Manuel Rosales es el último de una larga lista de presos políticos que no deja de engordar. Leopoldo López o el alcalde de Carcas, Antonio Ledezma ponen rostro a la oposición venezolana que injustamente termina entre rejas por motivos políticos, pese a que el gobierno de Venezuela esgrime causas penales específicas para encarcelarles.
Las organizaciones de derechos civiles estiman que en las cárceles venezolanas hay decenas de presos políticos. Venezuela Awareness, con sede en Miami, asegura, en su web, que el número de presos políticos venezolanos asciende a 99. Por su parte, el organismo Foro Penal Venezolano estima que hay 77 presos políticos encarcelados en Venezuela, de los cuales seis son mujeres. Tan solo a raíz de las protestas de 2014 se encuentran 31 personas privadas de la libertad y más de 2.000 en libertad condicionada.
Entre los nombres más conocidos, aparte de los ya mencionados, se encuentra Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, acusado de instigar junto con López los movimientos de protesta de 2014.
Durante el mandato de Maduro, los presos políticos han aumentado drásticamente porque las protestas y el derecho a la libertad de expresión y opinión han sido criminalizados. Son unos números bastante altos, si los comparamos con los presos políticos durante la época de Chávez (1999—2013), periodo en el que se contabilizaon 600 presos políticos. En solo dos años, Maduro ha nominalizado cualquier forma de expresión contraria a su gobierno, una muestra más de que no cuenta con el mismo respaldo que su predecesor.
Sin embargo, en la lista de presos políticos de Venezueala no solamente hay políticos, también están antiguos oficiales chavistas como Raúl Isaías Baudel, quien durante el Golpe de Estado de 2002 encabezó el operativo para restituir en el poder a Hugo Chávez y fue Comandante General del Ejército hasta julio de 2007. En 2009 fue detenido, acusado de Apropiación Indebida tras distanciarse del fallecido expresidente venezolano.
Otros presos políticos son el dirigente estudiantil Gerardo Carrero y el activista Alexander Tirado.
La justicia penal de Venezuela, la peor del mundo
La justicia no tiene valor en Venezuela. La justicia penal de Venezuela se percibe como la peor del mundo, según un estudio elaborado por la organización de EEUU The World Justice Project que analiza a 97 países, y la define como la peor del mundo.
El estudio se ha elaborado con entrevistas a catedráticos, abogados, defensores de derechos humanos y líderes de 97 países, a los que se les preguntó sobre la eficiencia del sistema judicial y las garantías del modelo penitenciario y los programas de reinserción.
Los tribunales penales de Venezuela se ubicaron en el último puesto del ranking. Obtuvieron de puntuación un 0,31 sobre 1, por debajo incluso de países como Zimbabue, Irán o China.
Venezuela ocupó la última posición el ranking mundial que mide ocho variables relacionadas con el tema de seguridad: limitaciones de los poderes públicos, ausencia de corrupción, apertura de gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de la ley, Justicia civil y Justicia penal.
A escala regional, el sistema venezolano se situó en el último lugar de 16 países en la mayoría de las categorías, excepto en la de orden y seguridad que ocupó la casilla número 15.
Los datos del estudio puntúan a Venezuela peor que Camerún, Pakistány Guatemala. Según las organizaciones de derechos humanos, este índice muestra las “consecuencias de la destrucción del sistema judicial”.
En cambio, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia son los países con mejores modelos judiciales, según este estudio. En América Latina,Uruguay y Chile fueron los países mejor posicionados (ubicados en los puestos 20 y 21 a nivel mundial, respectivamente).
Por otro lado, un total de 1.102 jueces fueron denunciados e investigados por la Corte Disciplinaria Judicial en el año 2012, según destacó el diario ‘Quinto Día’. Estos magistrados fueron investigados por casos de corrupción y otras causas.
El Código de Ética del Juez y Jueza Venezolano establece en su artículo 28 que los jueces podrán ser sancionados por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos. La sanción va desde la amonestación escrita, a la suspensión de uno a seis meses en el ejercicio del cargo y la inhabilitación.
