Las abogadas Elizabeth Torales y Elba Núñez confirmaron hoy que han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitar Paraguay para comprobar el “incumplimiento” de la medida cautelar de la niña Mainumby, que quedó embarazada por una violación y dio a luz a los once años.
EFE
“Queremos que (la CIDH) constate la situación de la niña y también el contexto, este caso se sitúa en un patrón de violencia sexual contra menores en el país y de embarazos forzosos”, declaró hoy a Efe Núñez, coordinadora regional de la organización para la defensa de la mujer Cladem.
Núñez y Torales, abogada de la madre de la menor, dudan que Paraguay permita a la CIDH hacer la visita solicitada este miércoles, por lo que piden a la Comisión que, en cualquier caso, exija “de manera enérgica” el cumplimiento de la medida cautelar para la protección de la niña.
“Pedimos el cese inmediato del hostigamiento y la criminalización hacia la madre, así como que se le garantice a la niña la atención a la salud de manera inmediata y la dieta especial que necesita al haber dado a luz tan joven”, afirmó Núñez.
Al conceder la medida cautelar el pasado 9 de junio, la CIDH instó al Estado paraguayo a proteger a la niña que, según el informe de una junta médica, tenía cuatro veces más posibilidades de morir por el embarazo que una mujer adulta.
El Estado paraguayo rechazó esa medida cautelar con el argumento de que ya habían sido adoptadas “todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito (la violación) y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal”.
La niña, conocida con el nombre ficticio de Mainumby para preservar su privacidad, dio a luz el pasado 13 de agosto en Asunción.
Las letradas Núñez y Torales mantuvieron una reunión de trabajo privada el miércoles, en el marco del actual periodo de sesiones de la CIDH, con el comisionado Paulo Vannuchi, un encuentro al que no asistió, según su relato, ningún representante del Estado de Paraguay.
“Quién sí vino fue un miembro de la misión de observación del Vaticano en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gualberto García, alegando representar a la madre. Nos negamos a que participara en la reunión, reservada a las partes”, explicó Torales.
La letrada consideró este gesto “una muestra más de la persecución, hostigamiento y coacción” que, a su juicio, está ejerciendo la Iglesia Católica en este caso.
“Tenemos un Estado laico y no entendemos el ensañamiento con este caso. Lo ven como si fuera solo un caso sobre el aborto, y estamos hablando de mucho más, de los derechos de una niña que es madre a los once años después de haber sido violada por la pareja de su madre y en un contexto de muy bajos recursos”, consideró Torales.
El aborto está penado en Paraguay con hasta cinco años de cárcel, y la única excepción contemplada en la legislación es cuando la madre corre riesgo de perder la vida y hay una recomendación médica.