El Gobierno peruano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a alentar la investigación fiscal sobre las esterilizaciones forzadas que supuestamente se hicieron durante el mandato del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), anunció hoy la ONG Demus.
EFE
La organización feminista indicó en una conferencia de prensa que el representante de Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez, se comprometió a exigir justicia durante una reunión ante la CIDH por el caso de Mamérita Mestanza, una mujer fallecida tras haber sido esterilizada de manera forzada.
“El Ejecutivo se ha comprometido a interponer oficios para que el Fiscal de la Nación (general) tome medidas que garanticen que la fiscal Marcelita Gutiérrez resolverá la etapa de investigación en el plazo determinado, que vence en febrero de 2016, y respetando el debido proceso”, señaló la ONG.
Demus afirmó que durante la reunión también hubo consenso respecto a la necesidad de conocer el número de víctimas de esterilizaciones forzadas para poder indemnizarlas.
Jiménez señaló que elaborar un registro único de víctimas “es una responsabilidad y una cuestión de voluntad”, según la misma fuente.
La directora de Demus, María Ysabel Cedano, opinó que “ya no debe haber una ampliación adicional en la investigación porque la larga demora para obtener justicia también vulnera los derechos de las víctimas”.
Cedano indicó que la fiscal ya cuenta con medios probatorios suficientes para formular una denuncia ante el Poder Judicial que permita llevar el caso a juicio.
“El punto principal de la resolución que esperamos en enero es una denuncia que considere el tipo penal de crimen de lesa humanidad”, puntualizó.
En la conferencia de prensa también participó la portavoz del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), Ana María Vidal, quien aseguró que el registro único de víctimas es una “obligación política” que no requiere de un proceso judicial para iniciarse.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas se ejercieron mediante presuntos engaños y coacciones.
En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar una decisión tomada en enero de archivar el caso después de que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la CIDH.
La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
El caso, con 2.074 denunciantes, había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.