De nuestras conversaciones con expertos en la materia podemos concluir que, es sumamente preocupante que en Venezuela no contemos con una ley de acceso a la información pública, lo que obliga a los periodistas y comunicadores a usar otros elementos que les permitan mantener informada a la audiencia, mientras queda en evidencia el objetivo oficial de silenciar no solo a los profesionales de la comunicación, sino también del pueblo venezolano.
Y es que, hemos visto develada esta intención de ‘silenciar’, cuando con total desparpajo la fuerza opresora del Gobierno se ha dedicado a alejar a las fuentes, cerrar medios, amenazar a periodistas, agencias de noticias y corporaciones comunicacionales; además de la nueva medida para dificultar la adquisición de materia prima, como el papel periódico. Pareciera que el futuro de la información en Venezuela se ha limitado al Internet, las plataformas tecnológicas y las redes sociales. Esto es, sencillamente, lamentable.
Es inaudito que esto suceda en Venezuela, cuando se supone que el derecho a la información tiene rango constitucional, pues enmarcado en el artículo 143 de las disposiciones fundamentales de la Administración Pública, de la Carta Magna, se contempla que los ciudadanos tienen derecho a ser informados “oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular.” Sin embargo, sabemos bien que esto no es así.
Por eso y comprometidos con los derechos de nuestro pueblo de Sucre, en la más reciente sesión de Cámara Municipal aprobamos la Ordenanza sobre Acceso a la Información Pública, con la intención de fortalecer la democracia y el buen gobierno en el municipio. Una ordenanza que da poder al pueblo y busca facilitar el control ciudadano de la gestión, por medio de la publicidad, transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
En el país somos pocos los que estamos comprometidos con garantizarle al pueblo su derecho a estar informado y permitirle fiscalizar la gestión pública de los recursos. Por eso estamos orgullosos de que esta normativa ofrezca acceso libre y gratuito a la información de los asuntos públicos de la jurisdicción a nuestro pueblo sucrense y esperamos que esta iniciativa se replique y sirva de estímulo para la promulgación de una ley nacional de acceso a la información.
Solo un gobierno democrático y comprometido con su gente entiende que es necesaria la implementación de leyes que regulen los actos administrativos, para evitar la corrupción e impulsar la participación del pueblo. La Ordenanza sobre Acceso a la Información Pública es entonces, una demostración más de que en el municipio Sucre vamos por buen camino. Seguiremos trabajando para brindar a nuestra gente bienestar social y ciudadano.