La Superintendencia de Precios Justos estableció el régimen ordinario para la determinación y marcaje de precios de los bienes y servicios comercializados en todo el territorio nacional. AVN
En una providencia administrativa publicada en la Gaceta Oficial 40.774, con fecha 26 de octubre de 2015 y que circuló este martes, se ordena un margen máximo de ganancia para la comercialización de bienes y servicios: 20% para los importadores y 30% para los productores nacionales. La Superintendencia ajustará los precios que excedan estas cifras.
Igualmente, se fijó un margen máximo de intermediación de 60% del precio original del producto o servicio por parte del importador o productor, independientemente de cuántos intermediarios intervengan en la cadena de comercialización o distribución.
Marcaje
La providencia señala la obligación de marcaje de los productos o servicios, previamente determinados por la Superintendencias, indicando el Precio Máximo de Venta al Público -identificado como PMVP- o el Precio Justo, según sea el caso.
El marcaje deberá ser preferiblemente rotulado en el cuerpo del bien, con una clara identificación del PMVP o el Precio Justo determinado.
De no ser posible el rotulado por las características físicas del producto, esta información debe ser estampada mediante una etiqueta adhesiva visible, y en última instancia, en particular al tratarse de servicios, debe existir un listado impreso con la información de los precios determinados por la Superintendencia.
También se prohíbe el doble marcaje o enmiendas en un mismo artículo. En caso de ocurrir, el comerciante está en la obligación de venderlo al menor monto de los indicados, y será objeto de sanciones de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos.
El 20 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la reforma de este instrumento legal, para incorporar las categorías Precio Máximo de Venta al Público y Precio Justo.
Cuatro días después, el recién anunciado Comando Nacional de Precios Justos sostuvo una reunión con productores e importadores del país, para informarles acerca de estas nuevas modalidades y poner en marcha esta estrategia para la protección del salario y el poder adquisitivo del pueblo venezolano.
Este nuevo esquema de fijación de precios de todos los bienes y servicios, mediante normas técnicas, es parte de la ofensiva del Ejecutivo Nacional contra la guerra económica promovida por sectores de derecha.